Barrick aclara no es propietaria de terrenos en litis

Barrick Pueblo Viejo aclaró este miércoles que no ha comprado tierras al Estado para la instalación de la presa El Llagal y recordó que esta zona es parte de la reserva fiscal que el Estado le arrendó como parte del acue

Barrick Pueblo Viejo aclaró este miércoles que no ha comprado tierras al Estado para la instalación de la presa El Llagal y recordó que esta zona es parte de la reserva fiscal que el Estado le arrendó como parte del acuerdo de explotación de la Mina Barrick Gold.

La reacción de la compañía se produce luego que algunos medios publicaran sobre la reclamación de las personas residentes en la Urbanización Nuevo Llagal, en las que exigen la reevaluación de los terrenos que vendieron al Estado en la zona donde se desarrolla el proyecto minero.

Según el gerente de comunicaciones de Barrick Pueblo Viejo, Jorge Esteva, “desconocemos las motivaciones o intenciones de quienes han desinformado a los miembros de la comunidad y a la opinión pública afirmando que Barrick Pueblo Viejo pagó al Estado por concepto de compra de terrenos montos extraordinarios en dólares”.

El funcionario recordó, además, que este proceso contó con el acompañamiento de una prestigiosa firma de consultores internacionales en representación de la minera, para garantizar que las negociaciones de las propiedades en el área del El Llagal, fueran justas y transparentes, esta gestión ha sido reconocida como una aplicación ejemplar de las guías del Banco Mundial para este tipo de procesos.

A través de una nota, Esteva enfatizó que Barrick Pueblo Viejo no es propietaria de terrenos en El Llagal y eso puede ser comprobado en el registro de títulos correspondiente.

“Lamentamos que los miembros de la comunidad sean sorprendidos por terceros interesados y que se violente el orden público con la intención de presionar a las autoridades a través de la empresa”, expresó Esteva, reiterando que es su deseo como empresa que exista una rápida solución a estos inconvenientes, entre los organismos del gobierno pertinentes y los miembros de las comunidades afectadas.

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