Los dominicanos celebraron otra vez el 6 de Noviembre en medio de lo que se puede considerar como un fervor constitucionalista. El año pasado la conmemoración estuvo muy caracterizada por signos nacionalistas, pero esta vez se ha centrado la revalorización de la Constitución como principal elemento de cohesión de la Nación y como portaestandarte, fundamento y defensa del Estado dominicano.

Y esa actitud no es nueva entre los dominicanos. No debemos olvidar que el más importante levantamiento popular del siglo pasado se produjo en la defensa de principios constitucionalistas violentados por los golpistas de 1963.

Muchos elementos han confluido para que esta vez sea de esta manera. Primero que nada, el empeño puesto por varias instituciones en pro de la divulgación y defensa de los valores contenidos en la Constitución.

Pero asimismo, el Día de la Constitución coincide con amenazas externas que pretenden sepultar la institucionalidad de la República, al extremo de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a la extralimitación de pedir la suplantación de preceptos fundamentales, erradicar órganos clave en que se asienta el Estado nacional y prácticamente pretender poner de rodillas a los dominicanos.

Una barbaridad inaceptable, que sólo unos defensores de unos derechos humanos retorcidos por un temperamento de hostilidad excesivamente manifiesta hacia la República Dominicana, pueden cometer, por motivaciones oscuras.

En medio de todo eso resulta poco afortunado aupar un movimiento tendente a reformar la Constitución. Al margen de las motivaciones que aducen, es totalmente inoportuno, fuera de lugar.

Ahora es tiempo de fortalecer la Constitución. Reverenciarla como está. No como un simple pedazo de papel que se puede retorcer convenientemente por intereses coyunturales, que pueden ser políticamente válidos para muchos pero inútiles para los fines superiores de la República.

Hablar, justamente el 6 de noviembre, de modificar la Constitución es no tener sentido político.

Mientras, satisface el entusiasmo de instituciones, de estudiantes y personas sencillas por fortalecer el estatuto nacional, la norma que instituye nuestro Estado de derecho, nuestra organización política, económica y social, en la que nos afirmamos como un pueblo soberano que convive con todas las naciones, pero que se resiste a que lo pretendan narigonear.

Los dominicanos conmemoramos el 169 aniversario de la Constitución en un ambiente muy especial, en el que se produce un ardiente debate sobre las competencias de un nuevo estamento de poder, y como centro del mismo, valores como ciudadanía y soberanía nacional.

¡Qué coincidencia más extraordinaria! El origen de la discusión es una sentencia de un Tribunal Supremo en materia constitucional sobre el cual se ha lanzado toda clase de lodo y se ha pretendido cuestionar sus decisiones porque supuestamente violan los derechos de las personas, cuando precisamente una de sus razones es fortalecer esas conquistas ciudadanas.

Pero se le quiere empujar a contracorriente para complacer peticiones e intereses de gobiernos foráneos sobre la base de que su sentencia sobre los reclamos de una ciudadana de origen haitiano obedece a bajas pasiones, como xenofobia, racismo y nacionalismo fanático que conducen a aberraciones que lo descalificarían para ejercer la misión que le ha sido encomendada.

Los jueces defensores de la constitucionalidad no se han dejado perturbar y pacientemente han soportado toda clase de agresiones verbales. Ya se ha dicho que nadan en un fango nazista, y tales juicios han venido  a certificar a quienes se creen dueños de valores absolutos.

Pero la realidad es que el Tribunal Constitucional ha actuado en atención a sus atribuciones, a las facultades que le son conferidas por la Constitución, que en su momento también fue sometida a toda clase de ataques, sin que los detractores se detuvieran a ver sus avances, y con ella, cuánto ha avanzado el país en el fortalecimiento del estado de derecho.

En un ejercicio desapasionado, nada más hay que ver la distancia que marca esta Constitución con la de 1966, desde el preámbulo, los principios fundamentales, los derechos, y deberes fundamentales, las nuevas instancias democráticas que implanta, los derechos económicos y sociales y todo el marco garantista que entraña. Y eso ha sido producto de la larga marcha del pueblo dominicano, desde aquel 6 de noviembre de 1844, para darse sus instituciones, las cuales debemos fortalecer y preservar, y no dejarnos arrastrar por las pasiones que nos exponen a riesgos y amenazas.