La severidad y estricta aplicación de la ley en los casos de sicariato es otro capítulo importante que la Justicia está llamada a cumplir para colaborar en la lucha contra el crimen.
Las autoridades policiales y el Ministerio Público han desplegado notables esfuerzos en el combate de esta modalidad criminal, pero en los tribunales algunos procesos tienden a diluirse por falta de evidencias y tecnicismos legales.
Mientras persiste esta debilidad, hechos sangrientos de ajustes de cuentas y de asesinatos por encargo se suceden en diferentes partes del país con una escalofriante secuencia.
Solo en lo que va de año, en Santiago han sido asesinadas 24 personas, lo que da una idea de la dimensión que está tomando esta vorágine criminal, en la que participan pistoleros locales y extranjeros.
La situación es motivo de inquietud en diferentes sectores de la sociedad y ha incrementado notablemente el sentimiento de inseguridad, porque los sicarios actúan de forma desafiante y sin discriminación alguna de hora o lugar.
En efecto, en ocasiones los sicarios disparan a sus víctimas a plena luz del día y en sitios públicos muy concurridos, por lo que cualquier parroquiano ajeno a sus fechorías puede perecer o resultar gravemente herido.
El incremento de estos crímenes preocupa tanto a la Iglesia católica que el arzobispo de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, ha formulado un llamado a evitar que Santiago sea convertida en una “industria de sicarios”.
Un aspecto importante señalado por el prelado y que es objeto de comentarios en diferentes esferas de la sociedad, es su legítima sospecha de que detrás de esta práctica criminal “hay complicidad de alta jerarquía”.
Otro elemento inquietante es que muchos de estos crímenes están vinculados a disputas entre narcos y a la operación en el país de carteles de la droga de México que se especializan en decapitar a sus víctimas.
Es obvio, pues, que las autoridades y la Justicia deben reforzar la lucha, antes de que los sicarios amplíen su nefasto campo de acción.
