En la República Dominicana, son los jóvenes quienes reciben los más duros impactos de las drogas. Se habla de los efectos del consumo, pero hay que considerar la violencia. La mayoría de las muertes que genera el negocio de las drogas también recaen sobre ellos.
Hay otro componente no siempre considerado. El efecto que genera entre los jóvenes un repentino cambio en el estilo de vida de quienes de la noche a la mañana amanecen amasando fortunas a consecuencia de una vinculación con el crimen organizado. Quizás cuando caen en manos de la justicia y son debidamente procesados, pueden entender el peligro del enriquecimiento fácil.
Sin embargo, cuando un narcotraficante termina extraditado por la política complaciente del país con Estados Unidos en esta materia, y logra un acuerdo con las autoridades norteamericanas, generalmente conveniente, y luego recibe todos los bienes acumulados, es muy probable que cualquier muchacho apueste por una aventura que a la postre, al margen de jugarse la vida en el trayecto, pueda tener una recompensa. Otra vía de efecto perverso a que conduce una mala gestión de la acción penal frente a este tipo de crimen.
Es necesario que el Estado dominicano reaccione como lo han hecho ya otros países que tienen leyes mediante las cuales identifican, localizan, recuperan y repatrian los bienes provenientes del crimen, mediante una ley de extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos.
Es verdad que la política de facilitación de las extradiciones hacia Estados Unidos se originó en la debilidad del sistema judicial dominicano, que no permitía garantizar el procesamiento de los criminales por narcotráfico, y mediante el acuerdo de extradición y las leyes especiales complementarias, se ha preferido transferirlos al “Hermano Mayor”.
Pero los métodos compensatorios que suele aplicar Estados Unidos con criminales narcotraficantes a cambio de “información valiosa” y penas dulcificadas, permiten que los criminales retornen en poco tiempo y disfruten los bienes que no les fueron oportunamente expropiados en el país.
Eso no puede continuar. La República debe crear nuevos instrumentos para evitar esta situación. Una dura ley de extinción de derechos sobre esos bienes es necesaria.
