El superintendente de Pensiones dijo ayer que “es penoso que una serie de reglamentos no hayan sido aprobados para comenzar a aplicar la Ley sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario”. El arquitecto Joaquín Gerónimo sostuvo que “aquí falta algo de liderazgo institucional, porque no está claro cuál es la institución que debe tomar el timón para encaminar esa iniciativa de política”. De ahí que el funcionario propuso crear un consejo interinstitucional que empuje a la aplicación de la Ley 189-11 y evitar que ésta esté sujeta al interés, buen ánimo o la buena disposición de un funcionario en especial, en este caso el licenciado Rafael Camilo, quien ha estado haciendo las labores de coordinación.
La reacción del titular de la Superintendencia de Pensiones (Sipen) se produce un día después que la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) expresara que los efectos de la aprobada Ley 189-11, sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, no se vislumbran.
Acoprovi citaba que, por ejemplo, no se han presentado los reglamentos de la Superintendencia de Valores, ni el de la vivienda económica y la ventanilla única.
La Sipen fue la primera institución que aprobó lo que la ley manda, como condición para echar adelante el proyecto, la normativa que va a regir el uso de los fondos de pensiones bajo el amparo legal. Partiendo de ese precedente, Gerónimo “sacó la cara” ayer por el organismo que dirige. “Nosotros lo hicimos en el plazo de los sesenta días y estamos a la espera de que los demás cumplan con lo que le corresponde, porque los fondos de pensiones están interesados en que esos nuevos instrumentos financieros salgan al mercado y entonces puedan hacerse las inversiones”, dijo, en alusión a que la Sipen no demoró en aprobar los reglamentos.
El funcionario dijo que no cree que el aspecto político haya influido en la demora y rezago que tienen las instituciones que no han cumplido. Lo que sí tiene claro Gerónimo, según sus propias expresiones, es que los demás sectores deben cumplir con sus tareas para que la ley comience a caminar y surta los efectos esperados.
Un día antes de que Joaquín Gerónimo hablara del tema para elCaribe, el presidente de Acroprovi, Fermín Acosta, había atribuido a la época electoral parte del retraso en algunas instituciones que tienen pendientes los reglamentos.
“Estamos apelando a que ya se resuelva eso, porque el propio presidente Leonel Fernández mostró interés en la Ley, pero si él no publica ese decreto, su ley más positiva, cuya aprobación fue fomentada por su Gobierno, entonces se quedará sin ningún efecto”, dijo Acosta.
En el consejo que propone el superintendente de Pensiones estarían incluidos representantes de diferentes instituciones y eventualmente del sector privado.
“Bueno, de parte de los fondos de pensiones estamos listos para arrancar desde hace seis meses”, apuntó el titular de la Sipen, minutos antes de informar que el acumulativo de los fondos toca el pico de los RD$160,000 millones.
La Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso dice que de los recursos disponibles se podrá usar hasta un 20 por ciento. De manera que de los fondos de pensiones se estarían usando entre 20 mil y 30 mil millones de pesos para incentivar la adquisición de viviendas y para paliar el déficit habitacional, calculado en un millón de unidades habitacionales.
El arquitecto Gerónimo sostiene que “tal como está diseñado el proyecto, se espera lograr el desarrollo del mercado hipotecario con el uso de los fondos de pensiones en beneficio de los distintos actores”.
Se refiere a los constructores, promotores, sector financiero y los propios fondos de pensiones y de los adquirientes de viviendas.
Propone una opción más económica para pobres
Con el esquema diseñado en la Ley 189-11 hay una relación ganar-ganar para los actores que intervienen en el proceso, asegura el titular de la Sipen. “Los adquirientes de las viviendas saldrían beneficiados con la materialización de las exenciones fiscales contempladas.
Todos los proyectos que se construyan tienen que ser vía el fideicomiso y que reúnan las condiciones establecidas en el Instituto Nacional de la Vivienda, de que sean viviendas con un costo inferior a dos millones de pesos para estar exentas del pago de impuestos, en beneficio del adquiriente”, sostuvo.
Eso que plantea significa que habrá una reducción del 15 o 20% del valor de las viviendas, que podrá usarse como inicial. Sin embargo, Gerónimo reconoce que una vivienda de dos millones no está al alcance de los que menos dinero ganan y propone que se fije el valor de éstas en unos RD$600 mil.
