Las comisiones de veeduría que faltan

Se necesitan tantas comisiones de veeduría ciudadana como existan instituciones estatales que contraten bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos.

Se necesitan tantas comisiones de veeduría ciudadana como existan instituciones estatales que contraten bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos.Si los veedores son conocidos por su independencia de criterio, es buen indicio. Si también los hay críticos del gobierno de turno, mejor aún, pues la tarea que se les encomienda consiste en monitorear los procesos de adquisiciones públicas y recomendar acciones que garanticen el respeto a la legalidad, objetividad y transparencia. 

El Ministerio de la Presidencia y la Policía Nacional cuentan con sus respectivas comisiones. Pero la buena nueva también debería llegar a Educación, Salud, Obras Públicas, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Fuerzas Armadas, y el resto del gobierno central. Esta iniciativa la deberían emular instituciones descentralizadas como el Congreso Nacional, la Administración de Justicia, la Junta Central Electoral, y hasta las alcaldías.

Cuando el dinero escasea en un hogar, es normal que los padres lleven un control estricto del peso que sale. Así quienes administran el Estado dominicano están llamados a racionalizar los gastos para solucionar la mayor cantidad de problemas con los recursos disponibles.

Los ministros, directores generales y alcaldes se beneficiarían si se crearan estas comisiones en las instituciones que encabezan. Por un lado gozarían del prestigio de dirigir una entidad con el sello legitimador que representa este instrumento de participación ciudadana. Además los veedores se convertirían en virtuales defensores de las buenas artes practicadas bajo sus gestiones, siempre que los incumbentes actúen por el librito.

Las compras y contrataciones estatales estimulan el dinamismo de la economía dominicana. Pero cuando se realizan de espaldas a sus regulaciones se convierten en fuente de corrupción administrativa, que a su vez distorsiona los mercados y socava la confianza en los poderes públicos. La lucha contra el “grado a grado” y la sobrevaluación se fortalecen con esta estrategia, que debe ser empleada en todo el país. Toca exigir la creación de las que faltan .

El autor estudió Ciencias Políticas y Comunicación Social. Actualmente se especializa en Asuntos Públicos en París, Francia.

Posted in Sin categoría

Más de

Más leídas de

Las Más leídas