Mejorar el capital humano

    Un amplio acceso a una formación y educación de calidad es esencial para reforzar la cohesión social e impulsar la productividad agregada del trabajo. El desarrollo de las competencias de jóvenes y adultos y su aprendizaje permanente deben ser prioritarios. Si bien los países de América Latina han logrado avances importantes en la última década en materia de competencias, aún existe un margen considerable de mejora.

    Dentro de las tres áreas que evalúa el Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), los países participantes de América Latina se ubican en el tercio inferior de todos los países. Además, la región debe reducir las grandes disparidades para acceder a competencias y educación de calidad. El éxito nacional requiere que todos puedan participar plenamente en sociedad y beneficiarse de la prosperidad.

    A pesar de haber mejorado, los resultados educativos en los países de América Latina están por debajo de la media de la OCDE. La escolarización sigue siendo baja, tanto en la educación secundaria (74%) como en la terciaria (42%), las cuales son 17 y 29 puntos porcentuales inferiores al promedio de la OCDE, respectivamente. El desempeño escolar promedio de los alumnos de 15 años en los países latinoamericanos está muy por debajo de la media de la OCDE, y equivale a casi dos años de educación. Más de la mitad de esos alumnos no adquieren el nivel de competencias básico para un correcto desempeño en el mercado laboral, y menos del 2% de ellos se sitúa entre los mejores en matemáticas, en comparación con el promedio de 13% en los países de la OCDE. Esta brecha de competencias sigue constituyendo una grave limitación para las empresas en América Latina.

    Al mismo tiempo, estos resultados promedio en materia de competencias no capturan las amplias diferencias dentro de los países latinoamericanos, donde muchas personas padecen desigualdades en el acceso a competencias y educación de calidad. Los resultados de los estudiantes en América Latina muestran una mayor dependencia del contexto socioeconómico que el promedio de los países OCDE. En Brasil y Costa Rica, por ejemplo, la probabilidad de que los niños en el quintil inferior de ingresos accedan a la educación secundaria es casi 50% inferior a la de aquellos en el quintil superior. Las desigualdades de género y territoriales en la prestación de servicios educativos y en el acceso a los mismos también plantean importantes desafíos.

    En consecuencia, los países latinoamericanos deben desarrollar mejores y más adecuadas competencias a través del sistema de educación y del aprendizaje permanente, poniendo especial énfasis en los niños y jóvenes de hogares con menores ingresos. Las políticas en materia de competencias tienen también orientación sobre las competencias que demanda el mercado de trabajo. El sistema de educación y formación profesional (EFP) desempeña una función particularmente importante, pues debe proporcionar unas competencias básicas relevantes, responder a las necesidades del mercado de trabajo y contar con componentes sólidos de aprendizaje en el lugar de trabajo. Siempre que sea posible, los interlocutores sociales deben participar de forma activa en el desarrollo de los programas de EFP a fin de contribuir a su actualidad y pertinencia para las necesidades del mercado de trabajo. Los países deben asimismo evaluar y anticipar adecuadamente las necesidades de competencias y procurar que dicha información sirva en la práctica para inspirar unas políticas orientadas a reducir tanto la escasez de competencias como su falta de relevancia.

    En los últimos años se han puesto en marcha varias iniciativas muy acertadas en los países de América Latina. En Brasil, un programa que asigna transferencias monetarias condicionadas a la asistencia de los niños a la escuela (Bolsa Escola) y su pacto nacional para el fortalecimiento de la educación secundaria (Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio) aspiran a reducir las desigualdades regionales en el acceso y desempeño educativo. En Colombia, programas de transferencias monetarias condicionadas, como Familias en Acción y la Estrategia de Cero a Siempre buscan mejorar la calidad de los programas para la primera infancia. En México, Prospera (antes Oportunidades) un programa de transferencias monetarias condicionadas iniciado en 2002, ha contribuido a reducir la pobreza, estimular los resultados educativos y proteger los ingresos de sus beneficiarios. De cara al futuro, por medio de Prospera se está dando un paso positivo al completar las transferencias condicionadas con nuevos programas para promover políticas activas del mercado laboral y mejorar el potencial productivo de sus beneficiarios por medio de becas para la educación universitaria o técnica, el registro prioritario en el Servicio Nacional de Empleo para los solicitantes de trabajo y el acceso a educación financiera, al ahorro, a los seguros y al crédito.

    También se han intensificado las políticas centradas en el profesorado como elemento clave para mejorar el rendimiento. Brasil ha puesto en marcha diversos programas de formación para el personal docente, como el programa Profuncionario, y el gobierno peruano ha introducido recientemente un mecanismo de incentivos para reconocer el buen desempeño de los docentes. La mejora de los marcos de evaluación también ha sido una prioridad en algunos países. Un ejemplo es la Reforma Educativa en México que, entre otras medidas, ha promovido la independencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

    Principales recomendaciones
    • Desarrollar competencias más sólidas y adecuadas a través del sistema educativo y de la formación de adultos, con especial atención a los hogares de menores ingresos.
    • Incrementar la inversión en educación para mejorar la infraestructura escolar y la calidad de la enseñanza en el aula.
    • Promover procedimientos rigurosos y transparentes de selección y evaluación del profesorado, así como carreras profesionales atractivas y mecanismos de movilidad.
    • Adoptar medidas educativas eficientes en costos en el aula y reforzar la comunicación entre la dirección de la escuela y los maestros.
    • Fortalecer los vínculos entre la educación, la formación y el mercado de trabajo.
    • Evaluar y anticipar correctamente las necesidades de competencias, velando por que esta información sirva en la práctica para inspirar políticas orientadas a reducir tanto la escasez de competencias como su falta de relevancia.

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