La República Dominicana tiene un déficit habitacional que ronda el millón 100 mil viviendas, y cada año se incrementa en algo más de 20 mil unidades, toda vez que no hay una política sistemática para atenuar la situación.
Después de las administraciones de Balaguer, el Estado dejó de construir masivamente viviendas para familias pobres y de clase media. El sector privado opera bajo sus propios esquemas de inversión con una lógica vocación para recuperar su dinero razonablemente.
Además, muy pocas empresas o personas construyen para “alquilar”, porque el retorno del dinero es a largo plazo. Mientras, un alto porcentaje de familias se apiñan en barriadas, alojadas en habitaciones que no reúnen las condiciones mínimas para habitarlas. Sin servicios adecuados o muy precarios, difícil acceso y construidas con materiales de pésima calidad.
El Estado, de su lado, ha hecho lo que ha podido, y a partir de agosto de 2004 hasta 2012, para citar los años más recientes, apenas había construido alrededor de diez mil viviendas para sectores de bajos ingresos, a través del Instituto Nacional de la Vivienda. Pero se trata de un mero paliativo del déficit.
La actual administración no ha sido ajena al problema y ha lanzado un proyecto en el Gran Santo Domingo, que formalmente inició ayer, para la construcción de las primeras 4,300 viviendas de bajo costo del proyecto Ciudad Juan Bosch.
De acuerdo con las explicaciones de la Presidencia de la República, es un programa que inicialmente involucra a seis empresas que acompañarán al Estado a través de un Fideicomiso Público para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo. Se trata de un proyecto modelo, “Ciudad Juan Bosch”, que esperamos se constituya en una oportunidad para que miles de personas puedan encontrar soluciones a sus necesidades habitacionales.
Constituye una nueva forma del Estado involucrar al sector privado en planes dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente.
Confiamos en que este proyecto avance en los términos esperados y que empiece a dejar resultados en los plazos previstos.
Es desde cualquier punto de vista, un buen esfuerzo del gobierno por encarar el serio déficit habitacional.
