Históricamente, la reelección presidencial ha sido satanizada por ciertos sectores del país. Se alega que ésta ha sido causa de corrupción, abuso de poder y uso de recursos del Estado en campañas electorales. El tema, cada cierto tiempo se introduce en el debate, al punto que ha sido incluido en las últimas reformas a la Constitución. Como si no pudiéramos ponernos de acuerdo en la materia, hemos probado casi todos los esquemas constitucionales existentes. La reelección indefinida, la prohibición absoluta y otras opciones intermedias, como el sistema norteamericano y la repostulación con un período de por medio, han figurado en nuestras últimas versiones de la Carta Magna. Los que alegan que esto provoca competencias desiguales, debido al uso abusivo de los recursos estatales que caracteriza la campaña de un presidente candidato, deberían darse cuenta que esto puede producirse aún en casos en que el jefe del Estado no aspire, como ocurrió en el proceso electoral pasado.
Mientras se critica y censura la reelección presidencial, el fenómeno es aceptado y promovido en los gremios, en el Congreso, ayuntamientos, en las directivas de los partidos y grupos de la sociedad civil, entre otras entidades.
Hace pocos días, para poner un ejemplo reciente, el PLD decidió mantener al frente de las cámaras legislativas a Reinaldo Pared Pérez y a Abel Martínez. El presidente del Senado entrará a su séptimo año, y el de la Cámara Baja llegará a su tercero. Hay legisladores calificados que aspiran a ambas posiciones, pero la tendencia es dejar al que está. En el caso de Pared Pérez, se alega que no es bueno que siendo secretario general del PLD, de repente se convierta en un senador más. Es entendible ese argumento. La experiencia es que, aunque sea tan criticada, muy pocos resisten la tentación de lanzarse tras ella, si tienen la oportunidad. Ahí está el caso de Hipólito Mejía, quien lo intentó contra viento y marea.
