La participación electoral es la principal forma de participación política en la mayoría de los países de América Latina. Si bien es cierto que las tendencias constitucionales de las últimas décadas han otorgado cada vez mayor relevancia a la participación ciudadana en consultas populares, cabildos abiertos u otros novedosos mecanismos de democracia directa, el acudir a las urnas para elegir los titulares de los cargos electivos, continúa siendo la práctica que moviliza el mayor contingente de masas en nuestro sistema político.
En las recién transcurridas elecciones presidenciales dominicanas, se registró una participación electoral de 70.23%. Es decir, cuatro millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y ocho ciudadanos y ciudadanas (4,566,838), concurriendo a depositar sus sufragios en los colegios habilitados a tales fines. La menor participación se registró en los votantes del exterior, un 44.87%.
Sin embargo, el porcentaje general de un 70.23% de participación electoral, nos coloca en la categoría media-alta en América Latina, donde Colombia registra el menor porcentaje de asistencia electoral (50.7%) y Bolivia el mayor (95.2%). Sin embargo, tomando en cuenta que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay tienen un voto obligatorio, sujeto a graves sanciones para quienes no lo ejerzan, la verdad es que técnicamente estamos en la posición número tres en la región, sólo superados por panameños y venezolanos.
Registro electoral
Otro elemento que es necesario valorar cuando se analiza este tema, es cuan actualizado se encuentra el registro electoral, que es lo que sirve de base para deducir el porcentaje de participación. Hay países como Bolivia en que este registro se depura en cada proceso, excluyendo a las personas que no asisten a votar, los cuales deben inscribirse nuevamente si desean ejercer el sufragio.
Otros países, como Chile, tienen un sistema de inscripción voluntaria, por lo que solamente quienes tienen intención de votar por algún partido deciden formar parte de este registro. Distinto sucede en República Dominicana donde no solamente la inscripción es obligatoria en el registro electoral, sino que por demás, el proceso de depuración del mismo está sujeto a muy lentos procedimientos.
En ese sentido, conviene destacar en primer término, el gran número de dominicanos/as que ha emigrado al extranjero sin haberse inscrito en el padrón del exterior, encontrándose en la imposibilidad de ejercer el sufragio. En segundo lugar, tenemos una cantidad indeterminada de personas fallecidas que no pueden darse de baja en el padrón, hasta tanto un familiar no aporte su acta de defunción, de conformidad con la ley 659 sobre actos del estado civil.
Para las elecciones del año 2016, que serán precedidas de la emisión de un nuevo documento de identidad y electoral y la actualización del registro de electores, podremos tener una información más fidedigna de la participación electoral, que continúa siendo el principal instrumento de participación política del pueblo dominicano.
