En el marco de las relaciones de consumo entre proveedores de productos, bienes o servicios y los consumidores o usuarios, este principio cobra una importancia capital, partiendo del hecho de que el mismo está vinculado con el derecho a la información y con los principios de confianza legítima y buena fe.
La transparencia en la relación de consumo, implica una obligación para el proveedor de informar y brindar a los consumidores o usuarios toda la información pertinente al producto o bien que está contratando. En este sentido, en función de la confianza legítima y la buena fe y la claridad de la información brindada, el consumidor decide realizar la compra o contratación.
En este contexto, el Estado juega un papel fundamental en la protección de los derechos e intereses económicos de los consumidores o usuarios, ya que está conminado al establecimiento a través de los entes reguladores y protectores de los consumidores, a establecer políticas públicas tendentes a garantizar una protección efectiva de los derechos de los consumidores.
La transparencia implica, que los proveedores deben suministrar en las facturas o estados de cuentas toda la información que permita verificar los cargos, montos y conceptos de estos, de manera que los consumidores tengan la oportunidad de validar los datos suministrados y en caso de inconformidad realizar las reclamaciones pertinentes.
Este principio ha sido constitucionalizado, ya que el legislador lo ha incorporado al texto constitucional en el artículo No. 147 cuando se aborda el tema de los servicios públicos, prescribiendo en el numeral 2, una serie de principios dentro de los cuales se encuentra el principio de transparencia. Partiendo de lo postulado precedentemente, debemos puntualizar que el principio de transparencia en el ámbito de consumo se erige como un principio cardinal tendente a potencializar la reducción de la asimetría que se suscita entre proveedores y consumidores.
En síntesis, concluimos que en el marco del derecho del consumidor, el principio de transparencia tiene una connotación especial, ya que el mismo constituye una garantía, potencializando de manera efectiva la protección de los derechos y los intereses económicos de los consumidores o usuarios.
