La continuidad de los más de cien trabajadores haitianos en los frentes del Ministerio de Trabajo representa un conflicto de repercusión internacional al que el Gobierno debe dar una respuesta para evitar el deterioro de su imagen en el exterior, declaró el sociólogo Max Puig.
El también ex ministro de Trabajo, expresó su sorpresa por las declaraciones de las autoridades, en el sentido de que ese es un problema que atañe de manera exclusiva a la justicia, “cuando los obreros laboraron más de diez años en empresas sin registro legal”, por lo que se preguntó “dónde estaban los inspectores de Migración, dónde estaban los inspectores de Trabajo, dónde estaba la Policía Nacional”.
Para el también excandidato presidencial lo que se está denunciando en el fondo con esa acción va mucho más allá de un simple reclamo laboral. “Se trata de una empresa que ha hecho venir desde Haití a ciudadanos haitianos, a un país que ha sido frecuentemente acusado de tráfico de personas”, agregó.
Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia (APD), insistió en que “no puede ser que el Ministerio de Trabajo diga que no tiene competencia y que nadie en el Gobierno tiene competencia”.
Los alrededor de 112 trabajadores haitianos, algunos con sus esposas e hijos menores, mantienen un piquete por más de un mes frente al Ministerio de Trabajo. Los mismos laboraban en las empresas Coquera Rea y Coquera del Kilómetro 5, en la provincia sureña de San Cristóbal.
Rafael Emilio Luna Alonzo, propietario de las empresas citadas, se resiste a pagar las prestaciones laborales a sus trabajadores, en este caso haitianos, con el argumento de que sólo cinco estaban registrados.
