República Dominicana enfrenta desde hace unos años el aumento preocupante de los índices de delincuencia y criminalidad. De cerca de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2000, pasamos a 25 en el 2011.
Es cierto que el problema es menor que en Honduras (92), El Salvador (69), Guatemala (42), Jamaica (41), Belice (41), Colombia (38), y Trinidad-Tobago (35). Pero la tendencia creciente en el país revela que el tiempo para incidir en los factores que la estimulan y así prevenirla, se está agotando.
Cuando se observa que los robos por cada 100,000 habitantes en el país registrados por la policía, según la última información disponible, alcanzaron 818, mayor que en México (670), Chile (542), Nicaragua (488), Brasil (415), Uruguay (410), Paraguay (394), Panamá (270), El Salvador (155), Ecuador (116), Jamaica (104), Perú (98) y Guatemala (68), se comprende el porqué los dominicanos perciben la inseguridad ciudadana como el principal problema que afecta al país.
Los factores que desencadenan la delincuencia y la criminalidad en nuestro país son bien conocidos.
Tenemos la tasa de desempleo más alta de toda la región; el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja más elevado del continente; un desempleo en la juventud que casi duplica el nivel general; una economía que está creando empleos únicamente en el sector informal debido a rigideces en el mercado laboral que generan el sobrecosto laboral más alto de América Latina; una economía de precios elevados que convierte a los dominicanos en los latinoamericanos que más afirman que el salario que reciben no les alcanza; un sistema educativo de tan baja calidad que estimula la deserción escolar en secundaria cuando los estudiantes perciben que el mercado laboral apenas ofrece un salario 15% mayor al bachiller que al graduado de primaria; un mercado laboral que ha venido reduciendo las oportunidades de empleo para jóvenes con bajos niveles educativos; y una creciente incidencia del narcotráfico en los barrios populares a través del micro-tráfico derivado del pago en especie a los que sirven de puente en el país para el tráfico hacia EUA y Europa, lo que lleva a muchos jóvenes no sólo a la comercialización sino también al consumo. A lo anterior agreguemos las implicaciones futuras sobre la delincuencia y la criminalidad de la “epidemia” de embarazos de adolecentes, en su mayoría provenientes de hogares pobres, que en el corto plazo podría llevar al padre, generalmente otro adolecente de bajo nivel de ingreso, a buscar ingresos de cualquier manera para sostener a su compañera y su hijo, y en el largo plazo, si falla la supervisión de los padres de este niño inesperado, facilitaría la incursión de este último al mercado de la delincuencia y la criminalidad.
Una estrategia integral de prevención y castigo de la delincuencia y la criminalidad que no aborde los elementos anteriores, difícilmente puede resultar exitosa.
La situación resulta más preocupante todavía cuando nos adentramos en la evaluación del personal encargado de proveer los servicios de seguridad ciudadana. No hay que dar muchas vueltas para descubrir rápidamente que al igual que sucede en el caso de los maestros que imparten docencia en uno de los dos sistemas educativos peores del mundo, según el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM), la Policía Nacional ha sufrido el problema de la selección adversa.
La RD tiene en estos momentos la policía que menos confianza genera en la población, entre todos los países del Continente. Y la segunda que menos confianza genera en todo el mundo, según el último reporte del FEM. Entre 144 países analizados en el 2012, en esta categoría sólo logramos superar a Burundi.
Los bajos salarios que se pagan a los policías dominicanos han provocado que sólo recursos humanos muy poco calificados ingresen al servicio.
Chile es el país latinoamericano con la policía de mayor reputación de la región y a la que más confianza la población le acredita. Mientras un raso de nuestra policía percibe un salario de RD$6,117, su contraparte chileno, el carabinero, gana un salario de RD$42,292, casi 7 veces más.
Al ofrecer salarios atractivos, en Chile han podido atraer recursos humanos calificados para el servicio de protección de los ciudadanos. Cuidado. Que nadie se lleve el mensaje errado de que estamos proponiendo que a los policías actuales se les duplique o triplique el salario.
No. Lo que estamos diciendo es que para atraer personal más calificado, tendremos que crear una estructura salarial diferente. Quizás habría que pensar en llevar una buena parte de los actuales policías a las FFAA para ser integrados a programas de reforestación y tomar 10 ó 15 mil de los mejores miembros de las FFAA y entrenarlos en los servicios de seguridad ciudadana, bajo una estructura salarial más atractiva.
Está claro que esto va a costar dinero. Probablemente tendremos que aumentar la inversión en seguridad policial de 0.4% a 1.0% del PIB. ¿Tendremos que pagar más impuestos? O se lo “pagamos” a los delincuentes cuando nos asaltan o nos roban la vida, o se lo pagamos al Estado para que nos pueda brindar un servicio decente de protección. l
