Sao Paulo. La presidenta Dilma Rousseff anunció una serie de medidas contra la corrupción tras las masivas manifestaciones del domingo contra los sobornos rampantes en el mayor país de América Latina.En un discurso trasmitido a todo el país, Rousseff dijo ayer que “tenemos el deber y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción”.
Entre las medidas anunciadas están la penalización de fondos mal habidos para financiar campañas electorales, la incautación de activos a personas culpables de corrupción y la exigencia de que los funcionarios del Gobierno no tengan antecedentes penales. “Este es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del Gobierno para evitar y combatir la corrupción y la impunidad”, dijo Rousseff. Las marchas de protesta del domingo fueron provocadas por la furia popular debido al amplio caso de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal brasileña.
Entretanto, la popularidad de la presidenta Rousseff cayó en picada tras las manifestaciones masivas que la acusaron de corrupción y reclamaron su juicio político, de acuerdo con una encuesta difundida el miércoles.
La encuesta del Instituto Datafolha muestra que la popularidad de Rousseff cayó incluso entre los más pobres, donde gozaba del mayor apoyo.
El 62% de los encuestados dijeron que el Gobierno de Rousseff era “malo” o “pésimo”, comparado con 44% hace un mes. El 13% lo consideró “bueno” o “muy bueno”.
Datafolha entrevistó a 2,842 personas el 16 y 17 de marzo y el margen de error de la encuesta fue de dos puntos porcentuales.
Fue la peor tasa de popularidad para un mandatario brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue objeto de juicio político por corrupción.
Las marchas de protesta en más de 150 ciudades se debieron a la indignación por el caso de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Los fiscales federales dicen haber descubierto el mayor caso de corrupción en Petrobras, con pagos de por lo menos 800 millones de dólares de empresas de construcción e ingeniería a antiguos ejecutivos de la empresa petrolera, designados por política, a cambio de ganar contratos por sumas infladas. Los investigadores dicen que parte del dinero fue canalizado a las arcas del Partido de los Trabajadores y sus aliados.
Docenas de legisladores y algunos exfuncionarios del poder ejecutivo son investigados, incluso dos exsecretarios de la Presidencia de Rousseff.
