Una reforma pendiente

Cada vez que la prensa entrevista a líderes políticos, empresarios, líderes sindicales, economistas, politólogos y expertos en políticas sociales sobre cuáles son las reformas macro y microeconómicas pendientes en el país, la reforma educativa, la del sector eléctrico y la fiscal resultan ser las más mencionadas por los entrevistados.

La razón es muy sencilla. Todos los entrevistados se trasladan a diario en cómodos vehículos de transporte de su propiedad. Ninguno tiene que tomar un concho, una voladora o esperar en fila a que aparezca un autobús de la OMSA o de los operadores privados. Probablemente ninguno ha utilizado nunca el servicio de motoconcho. El gravísimo problema que representa el deficiente sistema de transporte urbano de pasajeros para la mayoría de los dominicanos, para los entrevistados privilegiados no lo es.

El sistema de transporte urbano de pasajeros en la República Dominicana es un caos. Los conchos, vehículos generalmente destartalados que en otras geografías civilizadas hace rato hubiesen sido asimiladas como chatarra para un procesamiento productivo; autobuses en malas condiciones, alérgicos a la comodidad y atiborrados de pasajeros que en no pocas ocasiones van parados con el cuerpo fuera del autobús; la inexistencia de una regulación efectiva en el proceso de asignación y administración de las licencias de rutas para los proveedores de servicios, lo que da lugar en ocasiones a que los propios proveedores tengan que convertirse en reguladores informales; la congestión en el tráfico que genera la enorme atomización del servicio dado que el sistema no aprovecha las oportunidades que proveen otras opciones de mayor escala; la inexistencia de un sistema tarifario que incorpore la posibilidad de trasbordo; las pérdidas cuantiosas que sufren los proveedores del servicio debido a que el mismo es pagado en efectivo, lo que dificulta el control de los pagos realmente cobrados por los operadores del autobús; y la enorme contaminación ambiental, visual y de ruido, son algunas de las características que adornan a uno de los sistemas de transporte urbano de pasajeros más denigrantes y deshumanizantes del mundo.

El caos existente en el servicio de transporte urbano de pasajeros constituye uno de los factores que ha incidido en que hoy día la República Dominicana ocupe el primer lugar de la región con el mayor número de muertes en accidentes de trafico, con 41.7 por cada 100,000 habitantes, según el último reporte global de seguridad en el tránsito realizado por la Organización Mundial de la Salud. No deberíamos sorprendernos de este resultado, pues uno de los efectos que genera la ausencia de un sistema organizado de transporte moderno es la búsqueda de soluciones individuales desorganizadas, como lo atestigua un parque vehicular de 3,215,773 unidades a final del 2013, de los cuales 1,678,979 eran motocicletas. Estudios presentados en conferencias organizadas por el Banco Mundial revelan que en la región, el 80% de los problemas de tránsito son ocasionados por el deficiente sistema de transporte urbano.

La única intervención llevada a cabo por el Gobierno dominicano en los últimos años para abordar este serio problema ha sido la construcción del Metro de Santo Domingo. Independientemente de que el servicio está siendo provisto con un subsidio considerable, un tema que tendría que ser abordado en el marco de la reforma integral del sector a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de este sistema masivo de transporte de pasajeros, la realidad es que el Metro de Santo Domingo constituye el primer esfuerzo gubernamental para que los dominicanos puedan tener acceso a un servicio de transporte moderno, humano, predecible, decente y cómodo. Todas las demás intervenciones han concluido en el fracaso. Sólo hay que echar un vistazo al drama que viven las personas cuando terminan su jornada laboral en un día de lluvia en Santo Domingo y salen a las calles y avenidas de la capital en espera de un concho o un autobús que nadie sabe cuando llegará.

Resulta realmente inconcebible que un problema tan serio, tan lacerante a la dignidad y al presupuesto de la familia dominicana, haya sido echado a un lado en la agenda de prioridades nacionales. Los que nos movemos en nuestros propios vehículos no entendemos lo que significa para la mayoría del pueblo dominicano el tener que destinar el 31% de todos sus ingresos mensuales al pago de transporte para poder llegar a su trabajo y/o atender las necesidades del hogar. La inexistencia del trasbordo debido a la ausencia de un sistema articulado de transporte, obliga a los dominicanos a pagar diariamente entre 20% y 50% más de lo que pagaría si en el país contásemos con un sistema moderno, articulado y eficiente de transporte urbano de pasajeros.

Ninguna otra reforma tendría un impacto más sensible y más rápido para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos que la del transporte urbano de pasajeros. Para que la reforma sea exitosa y políticamente viable, debemos involucrar a los actuales proveedores de servicios, para que hagan suya la reforma en el marco de una Alianza Pública Privada y asuman la responsabilidad de ser el pilar fundamental de la misma, operando como empresas formales y convirtiendo a todos los miembros de sus federaciones en accionistas de las empresas que ellos tendrían que conformar. Lo que se necesita es simplemente voluntad política, capacidad de concertación, respeto a los derechos adquiridos, ingeniería financiera y sentido común. Otras grandes ciudades de la región han logrado modernizar sus sistemas de transporte urbano de pasajeros. Es verdad que no tienen un Parque Brillante como el nuestro. Pero no hay dudas que el nuestro se vería mejor en una ciudad que pueda quitarle opacidad y darle un poco de brillo a uno de los peores sistemas de transporte urbano de pasajeros del mundo.