La presidencia de la Junta Central Electoral fue colocada contra la pared con la renuncia en septiembre pasado del gerente general de Informática, por las dudas y cuestionamientos que se generaron. Los partidos no ocultaron su inquietud y la oposición reclamó una explicación.
La JCE es la administradora del proceso mediante el cual los dominicanos deciden quiénes dirigirán los destinos nacionales y huelga resaltar la importancia de que sus actos se efectúen con eficiencia, pulcritud y transparencia.
Y es que esa institución se valida en la medida en que genera credibilidad, mediante la organización de los procesos electorales, con procedimientos limpios y fiables para todos los interesados directos, como los partidos y la sociedad en su expresión más simple: los electores.
La JCE tiene otras responsabilidades de las que poco se habla, porque el país se acostumbró a saber de ella sólo cuando tiene en la agenda la elección de autoridades nacionales, congresuales y municipales. Esas atribuciones están vinculadas a la identidad y ciudadanía, que tanto impactan las políticas públicas de seguridad.
Un sistema de registro y documentación de los nacimientos, defunciones e identidad ciudadana, se fundamenta muy gravemente en la confianza y la invulnerabilidad, lo que no siempre ha sido garantizado. En los últimos años, que incluyen varias administraciones de la JCE, se ha trabajado por alcanzar ese propósito dirigido a poner valladares a la delincuencia.
Pero en este momento, el tema que nos atañe, la garantía en el sistema informático, en la captura, transmisión y conteo de los votos electorales, adquiere una importancia capital que nada debe ponerla a riesgo.
La presidencia de la JCE ha entendido que toda duda debe quedar despejada. De ahí la importancia de la propuesta del señor Roberto Rosario, de sugerir la creación de una Gerencia de Informática Electoral, que garantice el establecimiento de protocolos confiables, pero al mismo tiempo transparentes, que facilite un monitoreo público de los procesos internos asociados a las elecciones, con participación de todos los actores: partidos, sociedad civil, iglesias y cualquier otro estamento social o económico.
La iniciativa es muy oportuna.
