El obispo de San Juan de la Maguana, Ramón Dolores Grullón Estrella, dijo que es una obligación dotar a las personas de documentos de identidad.“Queremos votar y la Junta no nos deja”, “queremos trabajar y la Junta no nos deja”, “queremos estudiar y la Junta no nos deja”. En incontables ocasiones la mañana de ayer esas frases fueron repetidas por decenas de descendientes de haitianos frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE) para exigir su cédula y actas de nacimiento.
El grupo se apostó frente a la sede del organismo con el objetivo de colocarse en los alrededores, pero miembros de la Policía Militar Electoral lo impidieron con el alegato de que no tenían permiso para realizar la protesta. La situación provocó que por más de media hora se taponara parte de la avenida Luperón.
El reclamo
El abogado de los afectados, Francisco Leonardo, dijo que esas personas han sido afectadas por la resolución número 12 de la Junta, lo que les ha impedido ejercer su derecho a trabajar, el acceso a la educación, votar y realizar otras actividades de la vida cotidiana como ciudadanos dominicanos, debido a que carecen de documentos.
Acusó a la JCE de desarrollar una campaña de desnacionalización en el país en violación a los derechos constitucionalmente adquiridos por esas personas.
Los protestantes son de la capital y las provincias Santo Domingo, La Romana, Monte Plata, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Según Leonardo, él representa unos 2 mil 600 afectados, pero que la cantidad es mucho mayor. El movimiento “reconocido” es auspiciado por el Centro Bonó y recibe el financiamiento de distintas entidades ligadas a la Iglesia católica, según dijo el abogado que representó el grupo.
Obispo
Grullón Estrella consideró es una responsabilidad colectiva dotar a las personas de documentos, pero especialmente de la Junta Central Electoral para garantizar que nadie se quede sin actas de nacimiento ni cédula. “Debemos lograr que a nuestro alrededor no quede nadie sin declarar. Es un trabajo de todos”, dijo.
