Los hechos delictivos ocurridos en el país en los últimos meses, con un saldo sangriento de cientos de homicidios e incontables sucesos de robos y asaltos a mano armada, mantienen atemorizados y perturbados a importantes segmentos de la población dominicana, que en medio de su desesperación piden soluciones inmediatas a los organismos de seguridad del Estado.
Cada día, a cada hora o minuto, algún dominicano es asaltado en cualquier calle o avenida de la capital, ciudad o pueblo del interior del país, con el agravante de que en muchos de estos episodios criminales o delictuales los delincuentes matan a tiros a sus víctimas.
Registros periodísticos sobre los hechos de sangre acontecidos entre el pasado mes de abril y lo que va de junio indican que 509 personas han sido asesinadas en circunstancias generalmente asociadas a la violencia callejera.
En el primer trimestre de este año, los homicidios sumaron 508, lo que sugiere una media de 170 muertes de este tipo hasta el primer semestre.
Las cifras de muertos parece aumentar con el paso de los días, lo que se evidencia en cada nota de prensa enviada por la Policía a los medios de comunicación, dando cuenta de homicidios, robos, asaltos y del apresamiento de decenas de delincuentes que eran precisamente perseguidos por haber matado a alguien para quitarle sus pertenencias o en rencillas personales.
En un grito desesperado para expresar sus temores, la sociedad dominicana aun demanda que el gobierno haga más práctico el programa preventivo llamado Barrio Seguro, única iniciativa oficial con que cuentan las autoridades para calmar los incesantes reclamos sociales de seguridad.
Sin embargo, siete años después de la puesta en marcha del Plan de Seguridad Democrática, la delincuencia y la criminalidad siguen su curso normal y atormentando a millones de dominicanos. Homicidios, asaltos, narcotráfico y enfrentamiento entre vándalos cuestionan los objetivos de este proyecto que hasta el momento no ha satisfecho las expectativas con que fue presentado.
Desde aquel 20 de agosto del 2005, cuando el presidente Leonel Fernández prometió “pulverizar” el crimen en cada una de sus manifestaciones, los asesinatos, tiroteos, secuestros y robos no dan tregua en sus peligrosas incursiones, lo que da la sensación de que los antisociales se han adueñado de las calles y de que no es posible alcanzar el sueño de volver a vivir sin miedos.
Dentro de las muertes ocurridas en los dos últimos meses se cuentan las de supuestos delincuentes que eran buscados por la Policía por la comisión de diversos hechos delictivos o criminales y que, al verse acorralados, combatieron a tiros a los agentes del orden, perdiendo la vida en alegados enfrentamientos que los activistas de los derechos humanos llaman “ejecuciones extrajudiciales”.
Feminicidios
Pero no son solo los asaltos, robos y muertes producto del narcotráfico o los parricidios lo que inquieta y asusta a los dominicanos. Las muertes de mujeres de manos de sus compañeros sentimentales es otro fenómeno que igualmente intranquiliza y pone a pensar a muchos en el futuro de la sociedad dominicana.
Un estudio reciente del colectivo Mujer y Salud señala que hasta el pasado mes de mayo, cuando mataron a 16 damas, los feminicidios sumaban 70. De esta cantidad, la edad promedio de las víctimas era 36 años, la de menor tenía 18 y la de mayor edad era 72 años.
Hasta ayer, la última víctima de la brutalidad masculina fue Leonora Martínez Frías, de 30 años, hallada amordazada y con signos de que había sido violada sexualmente, en una vivienda de Villa Altagracia.
El colectivo Mujer y Salud resalta que de las mujeres asesinadas en el citado período, 12 de ellas fueron ultimadas en su casa y el resto en ríos, discotecas y calles. Últimamente, los verdugos de las mujeres prefieren asesinarlas también en cabañas, donde han sido encontradas varias mujeres con heridas en su mayoría de armas blancas o ahorcadas.
La directora general de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer, María Ramos, reveló hace poco que cada año en República Dominicana mueren 200 mujeres asesinadas, lo que a su juicio amerita de mayor respaldo económico por parte del Gobierno, y de que las políticas públicas de género sean asumidas por las demás instituciones del Estado con un compromiso serio y con realizaciones concretas.
El artículo 42 de la Constitución establece que “se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará, mediante ley, la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Sin embargo, aunque por disposición presidencial se ordena que en todas las instituciones gubernamentales se cree un departamento de género, en la práctica, solo unas cuantas dan cumplimiento a esta ordenanza. Tarea pendiente.
Daniel Pou eSpecialista en seguridad pública
“Tenemos una cuota de responsabilidad”
¿Qué ha pasado con las medidas de seguridad? ¿Fracasaron?
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en República Dominicana no se ha asumido de parte del liderazgo nacional la firme determinación de diseñar una política pública en el área de prevención de la criminalidad y la violencia. O sea, tenemos un alto componente de violencia criminal, pero mucho más alto de violencia social.
¿Culpables?
Lamentablemente, tenemos que decir que tenemos una fuerte cuota de responsabilidad social, porque no se maneja el discurso del Estado de derecho, es el discurso del poder, donde el poder sobredetermina todas las modalidades y expresión con que los diferentes grupos sociales asumen su rol en el contexto social.
¿Avanzamos o estamos rezagados?
República Dominicana ha fracasado en el tema de la prevención de la violencia y la criminalidad. Sencillamente se han estructurado programas que no han tenido continuidad y que no están fundamentado en criterios científicos, sino más bien en criterios coyunturales.
¿Y el dinero invertido en prevención?
El dinero, no importa la cantidad que se invierta ni hacia donde lo focalicen, si no tienes claro una política de Estado definida. Todo ese dinero ha formado parte de una inversión no oportuna y de una serie de reacciones coyunturales, que se han puesto en práctica desde el Estado. Pero nada de esto tiene un contenido coherente con las necesidades de la sociedad. Y las agencias de seguridad no tienen un carácter institucional apegado a una concepción moderna del Estado.
