Cinco de los 14 tipos de desperdicios metálicos que exporta el país mueven un promedio US$73 millones por año. El millonario negocio de la exportación de “desperdicios metálicos” muestra un progresivo aumento en República Dominicana, justo cuando en la Policía Nacional también se multiplican las denuncias de robo de metales pertenecientes a estructuras públicas y privadas.
Los registros estadísticos del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) indican que desde 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2011 el monto generado por la venta de desperdicios de hierro, acero, cobre, aluminio, bronce y zinc pasó de generar US$12.4 millones a US$155.4 millones, para una variación positiva de 1,149.5 por ciento.
Principales compradores
Los compradores proceden de todas regiones del planeta, pero especialmente de Asia. En el 2011, por ejemplo, la República Popular China apareció como el principal demandante de materiales de bronce, cobre y aluminio, mientras que Corea del Sur y Taiwán fueron las que más cargaron con hierro y acero “dominicanos”. Otros grandes clientes son Estados Unidos, Corea del Norte, Japón, Vietnam y Alemania.
El negocio es tan importante que sólo el dinero que movió durante el año pasado, equivalente a RD$5 mil 905.2 millones, da para costear los gastos que en la actualidad tienen proyectados los ministerios de Trabajo, Cultura, Deportes y de la Mujer.
Esa indiscutible bonanza económica, sin embargo, causa tantas sospechas en las altas esferas de poder que el diputado Carlos Gabriel García preparó un proyecto de ley para prohibirla durante 10 años. El legislador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo mismo que los investigadores de la Policía, entiende que la exportación de desperdicios de metales y chatarras estimula el robo, tráfico y comercialización de cables de redes eléctricas y telefónicas, además de la “sustracción masiva de tapas del alcantarillado pluvial, el desmantelamiento de los puentes, las señales de tránsito y las barandas de protección vial en todo el territorio”.
“Los desaprensivos que se dedican a la recolección de metales de forma ilegal han llegado al extremo de profanar las tumbas de los cementerios para desprender los metales de los féretros, y han sustraído piezas importantes de monumentos históricos en franco desafío a la sociedad”, afirma García en su propuesta legislativa, hoy sometida al estudio de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados.
El proyecto
La prohibición que se propone exceptúa a las personas jurídicas que puedan demostrar que los materiales presentados para la exportación provienen de los desechos directos de sus propios procesos industriales. Quien cumpla con el requisito tendría que inscribirse en un Registro Nacional dependiente del CEI-RD.
El proyecto, que también está siendo motivado por el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez, califica como robo agravado la sustracción de piezas, materiales u otros objetos ferrosos y no ferrosos de estructuras metálicas públicas o privadas, sin importar el estado físico o funcional en que se encuentren. Como penalidades al incumplimiento de la normativa se propone de 5 a 20 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos.
Carlos Gabriel García resalta que la prohibición de exportaciones de desperdicios metálicos y chatarra ya ha sido aplicada con éxito en El Salvador y Bahamas. En el primer caso se fijó por seis años consecutivos.
Ahora el diputado confía en que las diferentes bancadas políticas que conforman el Congreso de la República estarán discutiendo de fondo la problemática y su propuesta de solución en cuestión de días.
Poder Ejecutivo ha prohibido el negocio
En julio del 2007, el presidente Leonel Fernández emitió el decreto 334-07 que regula el comercio y la exportación de los desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, con la intención de evitar o reducir el robo y el contrabando de estos materiales.
En marzo del 2010, la Dirección General de Aduanas agudizó la medida y prohibió de modo temporal la exportación de cobre (se querían frenar los numerosos hurtos que entonces padecían las redes del sector eléctrico y de las telefónicas).
En el 2011, se retomaron las exportaciones de cobre, con la cantidad de 5.19 millones de kilogramos.
