La Policía Nacional intervino ayer la Metalera Santa Cruz, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, en El Torito de Villa Mella, donde encontró 146 angulares sustraídos de torres eléctricas de la CDEEE.En el negocio, propiedad de Manuel Ramón Hilario, de 82 años, se incautaron también de 37 válvulas de equipos hidráulicos propiedad del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), 15 rieles del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como una gran cantidad de cables tensores de puentes.
El vocero de la institución, general Máximo Báez Aybar, calificó el robo de metales a estructuras públicas como “terrorismo urbano” y aseguró que los dueños del negocio serán puestos a disposición de la justicia por poner en riesgo la vida de miles de personas.
Aybar exhortó a los dueños de metaleras a que se abstengan de comprar metales de procedencia desconocida, ya que eso no les va a quitar responsabilidad penal por complicidad.
Dijo que los hallazgos de los metales se hicieron a través de miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales del Departamento de Hurto al Patrimonio Público, conjuntamente con el Ministerio Público.
“Con este golpe contundente a esta modalidad del crimen organizado de terrorismo urbano confirmamos el compromiso integral de combatir esta modalidad de robo al apresar a quienes la cometen, pero también a las metaleras que se dedican a la compra de cualquier tipo de metales sin establecer su procedencia”.
Aybar informó que por los seriales (numeraciones) se puede determinar a cuáles torres eléctricas pertenece cada uno de los angulares recuperados en la metalera Santa Cruz.
El mayor Antero Colón García, encargado del Departamento de Hurto de Patrimonio Público, dijo que en el caso de los cables tensores existe la posibilidad que se trate de los metales sustraídos de los puentes Los Negros, de Azua, o de Monte Plata, que fueron robados por de-saprensivos a finales del año pasado.
Entre 5 a 10 años de prisión
De su lado, el procurador general adjunto para el sistema eléctrico, Moisés Ferrer, quien también participó en el allanamiento, afirmó que la violación al artículo 124-01 de la Ley General de Electricidad contempla que la persona a la que se le ocupen componentes eléctricos robados pertenecientes a torres y estaciones eléctricas es considerado como un atentado al sistema eléctrico que puede ser sancionado con penas de entre 5 a 10 años de prisión.
Abogado: PN busca bajar la presión mediática
Juan Isidro Marte, abogado del dueño del negocio, aseguró que el material ocupado fue adquirido por su cliente de buena fe hace aproximadamente 10 años y que Hilario está siendo utilizado como chivo expiatorio. “La Policía está desmontando una presión que tiene del momento y quieren buscar un chivo expiatorio. Nosotros vamos a demostrar que ese material no corresponde al material que la Policía está persiguiendo en el momento”.
