Mañana se inicia el proceso hacia la llamada reforma fiscal integral. Debido a la crítica situación económica, que las nuevas autoridades se resisten a reconocer si bien la insinúan diario en sus decisiones, el país carece de otras opciones y el empresariado, consciente de esa realidad y el peligro que representa para la estabilidad macroeconómica, la ha aceptado a condición de que en esta oportunidad, la reforma no implique únicamente nuevos impuestos, sino una reducción y un uso racional y prudente de los recursos públicos.
Durante la administración Fernández se le impusieron a la nación seis parches tributarios, para dotar al gobierno de todo el dinero para gastar, sin que diera una sola muestra de racionalidad en su uso, financiando con ello perversas modalidades de clientelismo político que condujeron al laberinto en que nos encontramos.
Las medidas de austeridad, simbólicas hasta el momento, dispuestas por el presidente Medina, sugieren un cambio de mentalidad, que pudiera abrir las puertas a un entendimiento capaz de tranquilizar los temores existentes.
El empresariado ha dicho de forma tajante que no apoyará un nuevo parche y esa actitud racional puede ser el mejor aliado del gobierno en estos momentos difíciles.
Muchos dominicanos, incluso quienes no votaron por el señor Medina, estarían dispuestos a respaldar todo intento serio del presidente en la búsqueda de una reforma integral justa, si el gobierno aceptara su parte en la solución, como, por ejemplo, establecer responsabilidades, indicando las causas y los nombres de quienes nos llevaron al borde del abismo. Aceptar los constreñimientos de otra reforma, integral o no, con los causantes amnistiados por un cómplice y deprimente silencio oficial, sería el camino seguro hacia un atolladero, del que después al gobierno le sería difícil zafarse.
