La sociedad civil le ha dicho al Gobierno cuán injusto sería cargar sobre la población y no sobre los responsables, el peso del enorme déficit producto del gasto excesivo e irresponsable de la administración anterior, de su propio partido. Y como los congresistas se resisten a renunciar a sus irritantes privilegios, asignados supuestamente para cumplir obligaciones sociales con sus electores, lo cual no encaja en el rol de un legislador, se le hace más difícil al Gobierno convencer a la gente de la necesidad de nuevos impuestos sin ofrecer señales convincentes de reducción en el gasto público.
Como la Presidencia, por respeto a la independencia de los poderes, no podría reducir administrativamente los salarios de los legisladores y eliminar sus canonjías, bien podría en cambio apelar a sus sentimientos patrióticos, si existieran, para persuadirlos a renunciar voluntariamente a sus “barrilitos”, con el compromiso de resarcirlos incluyendo a los beneficiarios indirectos de la ayuda legislativa en sus programas de ayuda social.
Por el buen nombre del Congreso Nacional y en respeto a quienes dicen representar en las cámaras, quienes entienden el papel que les corresponde como miembros de ese poder del Estado, no tendrían más camino que aceptar la imploración presidencial.
Y como soñar no cuesta nada, como solemos decir los dominicanos para enfrentar anímicamente los malos momentos, me imagino al Presidente o a algunos de sus colaboradores más cercanos, la mayoría de los cuales me consta no aprueban esos excesos, apelando al buen tacto y desprendimiento de los congresistas, invitándoles a desistir de sus privilegios, que representan para los pobres y sufridos contribuyentes más de mil millones de pesos al año, si se incluyen los “barrilitos” y “cofrecitos”, los bonos de Navidad, y en días de las madres, de los padres, los reyes magos y los santos difuntos.
