La directora ejecutiva del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Altagracia Paulino, denunció que hay una intención programada para hacer desaparecer a ese organismo.
Según la funcionaria, la trama está montada por sectores que vivían muy cómodos de la cultura del engaño y que han sido afectados con las acciones de ProConsumidor.
La denuncia de Paulino se produce como una reacción frente a la decisión de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que decidió el pasado 29 de mayo, mediante sentencia, que ProConsumidor no tiene facultad para imponer multas.
Lo extraño e incongruente del caso es que ese mismo tribunal, según dijo Altagracia Paulino, le había dado la razón 15 veces a ProConsumidor, cuando rechazó las medidas cautelares que habían colocado empresas que comercializan gas propano en el país. «Esa misma jueza que falla ahora en contra de los usuarios, es decir, en contra de ProConsumidor, nos había dado siempre la razón. Es ahí donde uno tiene que pensar cosas feas. Es un cambio muy drástico y extraño el que se ha dado en esta magistrada, que yo la creía muy seria”, dijo la funcionaria, entrevistada en su despacho.
Cuando Paulino habla de “la jueza”, se refiere Delfina Amparo de León Salazar, quien preside el tribunal junto a Mildred Hernández Grullón y Sergio Antonio Ortega.
Sentencia
La magistrada expuso en su falló que en ninguna parte de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05 se otorga a ProConsumidor la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la comprobación de infracciones precisadas en el artículo 112 de esa legislación.
La sentencia emitida contra ProConsumidor es la 183-2013 y se produjo en respuesta a un recurso contencioso administrativo interpuesto por la compañía Propagas, a través de sus abogados Luis Ramón Salcedo, Guillermo Estrella Ramia, Marcela Carias y Patricia Núñez Jáquez.
El recurso fue incoado a raíz de las acciones de ProConsumidor contra envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), lo que incluyó incluso la congelación de cuentas de empresas que negaron la comisión de faltas y que tampoco reconocieron la facultad sancionadora que se atribuye ProConsumidor.
En 15 de los casos la jueza le dio la razón a ProConsumidor y las envasadoras pagaron las multas correspondientes, pero en el caso Propagas, según Paulino, se ha dado un fenómeno extraño que amerita una investigación de la jueza.
