Las cifras explotadas mediáticamente son lo más parecido a la magia: no transforman la realidad, pero cambian percepciones, lo cual es una buena aproximación. Algo así pasa con las cifras del hambre.Hasta hace poco, los informes oficiales indicaban que el país no iba a cumplir con la Meta 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que es lograr reducir a la mitad en 2015, con respecto al nivel observado en 1990, el porcentaje de la población subnutrida. Una persona subnutrida es una cuyo nivel de ingesta calórica es menor al recomendado.
El informe “El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo” de la FAO de 2011 estimaba que entre 2006 y 2008, el porcentaje de población subnutrida era de 24%. Al mismo tiempo, ese mismo informe estimaba que entre 1990 y 1992 la subnutrición afectó al 28% de la población. Es decir, que en cerca de 16 años, el país había reducido la subnutrición en sólo 5 puntos porcentuales. A ese ritmo de un punto porcentual cada tres años y medio, y sin políticas explícitas contra el hambre y la inseguridad alimentaria, era obvio que no se iba a lograr.
Sorpresivamente, un año después, el informe de 2012 del mismo organismo provee datos dramáticamente distintos. La subnutrición estimada para 1990-92 sube a 30.4% en vez de 28%, mientras que para 2006-2008 baja hasta 16.2%, en vez de 24%; esto es 7.6 puntos porcentuales menos, o un 68% de la cifra original. Para el período 2010-2012, la estima en 15.4%.
Se trata de un cambio muy significativo en las cifras que ha dejado atónito a más de uno. Obviamente, lo que cambió no fue la realidad, sino muy probablemente la metodología de estimación. También es posible que exista información disponible que antes no había, pero eso es menos probable. Se supondría que la vieja metodología, en comparación con la nueva, sobreestimaba el porcentaje de subnutrición.
De una u otra forma, la FAO le debe una explicación a este país. Los perfeccionamientos metodológicos no sólo se valen, sino que son muy necesarios, pero deben ser explicados, máxime cuando el cambio ofrece información que transforma la percepción de la realidad de una manera tan significativa como esa. Las dos conclusiones que teníamos basadas en datos anteriores son fuertes y debieron haber tenido muchas repercusiones en las políticas y programas. Sólo la indiferencia hizo que no lo hicieran, más allá de la asistencia social que palea las consecuencias pero no combate sus causas.
Ahora bien, ¿es posible que el país haya reducido a la mitad, entre 1990 y 2012, el porcentaje de personas subnutridas? La respuesta es: sí, es posible. El período de tiempo es largo, más de 20 años. En ese plazo, el ingreso real per cápita del país se duplicó, lo que supondría un aumento del poder de compra promedio de la población. Es cierto que los beneficios del crecimiento se han concentrado exageradamente, pero eso no significa que los pobres no se hayan beneficiado de alguna manera. Aun recibiendo una baja e injusta proporción del crecimiento, probablemente su ingreso real también creció, y con ello su capacidad para comprar más alimentos.
Sin embargo, para los y las triunfalistas, lamento enfriarles su entusiasmo: eso que pasó en el país según la FAO, sucedió también en el resto de la región. No somos ni hemos hecho nada excepcional, a pesar de nuestro extraordinario crecimiento. En Centroamérica, la subnutrición media se redujo en porcentajes muy similares. En Honduras, como acá, cayó a la mitad, en El Salvador en un 21%, en Nicaragua hasta un 36% del valor observado en 1990-92, y en Panamá hasta un 45%. En América Latina, que en 1990-92 tenía una incidencia de la subnutrición de 14.6%, en 2010-2012 fue de 8.3%, la mitad de lo estimado para el país. Valga la siguiente aclaración: para todos los países, las cifras cambiaron, pero no tanto como en el caso dominicano.
A pesar de todo esto, el porcentaje de población que se alimenta mal sigue siendo inaceptablemente alto, y el Estado no puede seguir siendo indiferente a ello. De 24 países de la región, somos el sexto con mayor incidencia de la subnutrición, por encima de otros como Honduras, Jamaica, El Salvador, Panamá y Perú. Urgen políticas específicas para enfrentarlo. Se trata de una cuestión de principios.
