Un pacto es “un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”, según la Real Academia Española. En la Educación dominicana, varios se han firmado entre las fuerzas sociales y el Estado. Pero si hoy algunos ponen en entredicho el Pacto Nacional por una Educación de calidad para todos, se debe, entre otras razones, a que históricamente el Estado no ha dispuesto los recursos acordados. En los últimos 20 años, fruto de cumbres y simposios con la participación de los principales actores educativos, se han adoptado tres propuestas integrales para la reforma del sector. Pero, ¿de qué han adolecido el Plan Decenal 1992-2002, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Dominicana 2003-2012 y el Plan Decenal 2008-2018?
Las iniciativas del 1992 y del 2003 contemplaban profundos cambios de los sistemas de evaluación, administración educativa, currículo, formación de maestros, y otros aspectos, a condición de que “el Estado cumplirá con los niveles de inversión establecidos en la Ley General de Educación, que garantice la disponibilidad de los recursos que viabilicen la ejecución del Plan”. También el Plan Decenal de 2008 definió nueve políticas con acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, para la mejora de la calidad de la educación. La décima y última política advertía que para realizar las anteriores, se “requiere una inversión sostenida y comprometida por parte del Estado, que alcance en el año 2012 el 4.09% del PIB”.
Si algo faltaba en los pasados esfuerzos de reforma, además de voluntad política y compromiso de los actores, era: recursos económicos. Por eso, es legítimo dudar de más acuerdos que podrían quedar en simples declaraciones de intenciones. Se está consciente de que 4% todavía no es suficiente, y que el dinero no lo es todo. Pero lo que sí hay en la coyuntura de este pacto es la inversión presupuestaria mínima en Educación. Por lo menos da la tranquilidad de que ésta vez el Gobierno no va “a mano pelá”, a firmar papeles y después cáiganme atrás. Que así sea.
El autor estudió Comunicación Social y Ciencias Políticas. Se especializa en Asuntos Públicos en París, Francia.
