El sector comercial formal, el que paga impuestos, seguridad social y demás cargas que establecen los códigos, leyes y normas vigentes, está decreciendo.
Las ventas, en términos reales, son más bajas que las del año pasado. El PIB del sector comercio, formal e informal, registró un crecimiento negativo de 3% en el primer semestre del 2013.
El comercio ha perdido capacidad de contribuir al PIB de la economía: mientras en 1995 representaba el 10.8%, cuando termine este año su contribución habrá caído a 8.8%. La baja no ha sido mayor debido el boom del comercio informal.
Lo más grave es la dramática pérdida de dinamismo del comercio formal para crear empleos. Del 2000 al 2013, el sector comercial formal apenas pudo crear 9,315 empleos, es decir, 716 empleos por año.
Este resultado contrasta con la capacidad de crear empleos que ha exhibido el comercio informal, el cual, en ese mismo período, creó 151,902 empleos, 16 veces más. En otras palabras, de cada 100 empleos creados por el comercio en los últimos 13 años, menos de 6 fueron creados por el comercio formal.
Alguien podría pensar que ese resultado es similar al del resto de los países de la región. Pero no es así. En Chile, en ese mismo período, el sector comercio creó 566,900 nuevos empleos, de los cuales, 430,795 fueron creados por el comercio formal.
Por tanto, de cada 100 empleos creados en el 2000-2013 por el sector comercio en Chile, 76 fueron creados por el comercio formal. Y eso no se debe a que Chile creció más que RD en ese período, pues en realidad, fue al revés: mientras en Chile el PIB creció 4.5% promedio anual, en RD creció en 5%.
¿Qué ha estado pasando? La respuesta es muy sencilla. Las políticas públicas no han sido exitosas en promover una formalización creciente del sector comercio.
Todo lo contrario, gracias a una serie de medidas, muchas de ellas administrativas, han fomentado el crecimiento de la informalidad del comercio, definida como la actividad comercial que no paga impuestos ni seguridad social.
De no introducirse cambios con la urgencia que amerita la situación, debemos prepararnos para el achicamiento del sector comercial formal en la medida en que muchas empresas comerciales formales cierren, se muden a la informalidad o decidan incursionar a aquellas actividades comerciales que se benefician de exenciones impositivas. Más desempleo y menos impuestos cobrados serán dos resultados inevitables.
Esto nos trae al tema de la exención impositiva que se otorga a las compras por internet con valor declarado inferior a los US$200.00. Esas compras no pagan arancel de aduanas, ITBIS, ni impuesto selectivo al consumo.
Es obvio que comprar por internet libre de impuestos genera al consumidor un ahorro con relación al precio que oferta un comercio formal que, en adición al arancel de 20%, el ITBIS de 18% y los impuestos selectivos al consumo con tasas de 20% a 80% sobre los llamados bienes suntuarios, paga impuesto sobre la renta, impuesto sobre los activos, impuestos de aduana y placas sobre sus equipos de transporte, impuestos diversos a los ayuntamientos, salarios al personal, seguridad social (seguro familiar de salud, pensiones, accidentes de trabajo), prestaciones sociales y laborales (preaviso y cesantía), salario de Navidad y de vacaciones, bonificaciones, intereses sobre préstamos tomados muchas veces para poder avanzar los impuestos de aduana e ITBIS, tarifas por servicios públicos relativamente altas (electricidad, agua y recogida de basura) y costos crecientes para garantizar la seguridad del personal de la empresa, entre otros, todo lo cual tiende a encarecer los precios de venta al público de los productos importados.
Es muy cómodo acusar de abusadores a los comercios formales del país, enrostrándole excesivos márgenes de beneficios que hace tiempo el proceso de apertura al comercio y a la inversión extranjera eliminó. Si esos márgenes de beneficios fuesen como se señalan, ¿podría alguien explicar entonces el porqué empresas de detalle de clase mundial como Carrefour, Ikea, Pricemart y Payless no han podido crecer como esperaban? Es cómodo acusar desde una empresa de courier que disfruta de un crecimiento de las compras por internet del 142% en el 2010 y 46% en el 2011.
O desde la posición del consumidor privilegiado que tiene la dicha de poder comprar por internet unos jeans J Brand o Rag & Bone de RD$11,000, sin pagar arancel, ITBIS ni la batería de impuestos, cargas, costos laborales y de servicios públicos que pagan los comercios formales.
Digo privilegiado no por el hecho de poder comprar artículos relativamente caros por internet, sino por tener el privilegio de vivir en uno de los pocos hogares del país que tiene acceso al internet. No olvidemos que la encuesta EnHogar del 2011 de la ONE reveló que apenas el 11.7% de los hogares dominicanos tenía acceso a internet.
Esa misma encuesta determinó que en el 2011 apenas el 11% de los usuarios realizan compras por internet, para un total de 426,756 personas, equivalente al 4.3% de la población de ese año. En otras palabras, la mayoría del pueblo dominicano no compra por internet; la exención impositiva es un privilegio que las políticas públicas del país otorgan preponderantemente a los hogares y familias de mayores niveles de ingresos.
Resulta insólito que en el país mantengamos políticas que implican que una mujer pobre, cuando compra un par de zapatos en un comercio formal como Payless Shoes, está obligada a pagar el arancel de aduanas y el ITBIS que esa empresa pagó y avanzó en Aduanas y liquidará en la DGII.
En cambio, una mujer perteneciente al 5% más rico de la población, recibe el privilegio de poder comprar por internet zapatos Jimmy Choo o Christian Louboutin de RD$37,000 ó más, sin pagar arancel ni ITBIS. No lo pagan porque prácticamente toda la ropa, zapatos y demás artículos que vienen a través de las empresas de courier, se declara por debajo de los 200 dólares.
En el 2012, según la aduanas dominicanas, el 77% del volumen de las importaciones realizadas por las empresas de courier vino declarada por debajo de los US$200, la mayoría, sin las facturas originales de los vendedores.
La política vigente es contraproducente: el pobre paga arancel e ITBIS cuando compra un producto que está gravado; el que tiene acceso a internet y tarjeta de crédito, y por tanto, no es pobre, puede comprar ese producto por internet, libre de impuestos. ¿Es así que vamos a reducir la pobreza? ¿Es así que vamos a mejorar la distribución del ingreso?
Algunos han sugerido que la exención beneficie a los 10,257,724 dominicanos y no sólo al estimado de 471,855 que pudieron haber comprado por internet en el 2012. Se ha propuesto que la exención de US$200 se otorgue a cualquier compra, sea física en el país o por internet. En ese caso, el comercio formal establecido en el país, rebajaría el precio a los consumidores en las ventas de menos de RD$8,500.00, descontándole el arancel de aduanas pagado y el 18% del ITBIS. La empresa comercial utilizaría el descuento otorgado como un crédito fiscal aplicable a pagos futuros de arancel e ITBIS.
La propuesta, de aplicarse, crearía las condiciones para que todas las ventas que realice el comercio formal terminen siendo -como sucede con las compras por internet-, inferiores a RD$8,500.00. El Gobierno sufriría una pérdida de RD$75,000 millones anuales de arancel, ITBIS y selectivo al consumo, cuando todos los comercios formales hagan uso de su crédito fiscal. Caótico, ¿no?
Ya se entiende el porqué los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, México y Brasil cobran el arancel de aduanas, el IVA (igual al ITBIS) y el selectivo al consumo sobre las compras realizadas por internet.
Mientras eso ocurre, en RD, el país de la región con menor presión tributaria después de Guatemala, y el de mayor consumo por internet como porcentaje del PIB de América Latina (1.32%), seguimos “living la vida loca”. Otorgamos un privilegio impositivo a quienes compran por internet, en detrimento de la capacidad de creación de empleos del sector comercial formal y de la capacidad de recaudación de un Estado que necesita más recursos para atender las necesidades de los pobres, los cuales, dicho sea de paso, no compran por internet.
Una pregunta tonta a los defensores del privilegio impositivo que reciben las compras por internet: ¿Estarían ustedes en capacidad de “emplear por internet” a los 707,646 que están desempleados en este momento? l
