Una democracia funciona cuando las instituciones son más valoradas que los liderazgos individuales y el respeto a la Constitución y las leyes norman la vida pública y guían las acciones del gobierno. En nuestro país la arraigada tradición de autoritarismo no nos permite apreciarlo y la fuerte inclinación a seguir a figuras providenciales ha empantanado los esfuerzos para asentar una práctica democrática fuerte, garante de las libertades y los derechos humanos.
Nuestra debilidad institucional fomenta el continuismo, el cual se basa y fortalece con el uso desmedido de los recursos públicos a su favor. Se crea así un modelo de prostitución política que alienta la corrupción y perpetúa la indigencia social.
Partidos y clanes políticos corruptos se aprovechan de este modo de la pobreza y desesperanza que fomentan, valiéndose de ella para la denigrante explotación de clientelismo y otras formas perversas de irracionalidad que hemos sufrido desde el nacimiento mismo de la República.
La compra de votos y la comercialización de adhesiones políticas han caracterizado nuestros procesos electorales, bajo amenazas perennes de reelección que han helado nuestras aspiraciones democráticas. ¿Podremos cambiar este oscuro panorama? Temo que a mi generación no le quede el tiempo necesario para verlo y que la historia volveremos a presenciarla en el 2016. No existen suficientes voluntades para evitar que ocurra nuevamente.
