El “Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014-2030” ha sido valorado muy positivamente por la opinión pública. Y no es para menos. El acuerdo contiene mucho de lo que se pueda desear, sin que los propósitos se perciban como una inalcanzable lista de buenos deseos.
Se trata de un conjunto de compromisos colectivos, del Estado y de organizaciones sociales y del sector privado, para avanzar en transformaciones concretas pero de largo alcance. La diferencia con respecto a otras iniciativas es el nivel de empoderamiento de la sociedad en este tema, y que el accionar de todos los actores, incluyendo el Estado, será medido y evaluado en función del cumplimiento de sus responsabilidades.
El llamado Pacto Educativo se ha beneficiado de al menos tres elementos. Primero, por cerca de 25 años la sociedad dominicana ha venido construyendo consensos en la materia. Segundo, la sociedad en general obligó a los grupos políticos y al Estado a comprometerse a incrementar el financiamiento público a la educación pre-universitaria. Tercero, el gobierno se mostró determinado en concretar un adecuado financiamiento y en comprometer a todo el mundo con la reforma.
Es notable que como base del pacto, todos los actores reconocieran que el acceso equitativo a la educación de calidad es un derecho; que la educación es un bien público, y que ella tiene un rol central en la construcción de ciudadanía a través de una formación integral. Es decir, no sólo se trata de formar entes productivos sino personas pensantes y autónomas, comprometidas con la equidad y conscientes de sus derechos y deberes.
El Pacto compromete al Estado y al resto de los actores en varias áreas. Cuatro de las más importantes son las siguientes. Primero, garantizar el acceso a la educación con igualdad de oportunidades y alcanzar la cobertura universal de educación pre-universitaria en no más de diez años. Pone énfasis en la educación gratuita a partir de los tres años de edad, y en enfrentar el retraso en el ingreso a las escuelas, y la reinserción de quienes han sido excluidos o han desertado. Cabe recordar el déficit de cobertura que tiene el país en educación inicial y media. Pero además, incorpora la atención integral a menores de cinco años, esto es, nutrición, educación, salud, documentación y otros. Es decir, la escuela no será más sólo un centro de aprendizaje. Además, se propone incluir a las personas con necesidades especiales, e impulsar la educación afectivo-sexual. Por último, los actores se comprometen a lograr una infraestructura de calidad, adecuada para el aprendizaje, con servicios básicos funcionales, y preparada ante riesgos.
Para retener a los y las estudiantes, compromete al gobierno central y los gobiernos locales a desarrollar un sistema de transporte escolar, y construir un sistema de becas y subsidios para estudiantes pobres con méritos académicos.
Segundo, ampliar la oferta y la cobertura de educación superior y técnico profesional, incluyendo la formación de una red de institutos técnicos superiores comunitarios regionales.
Tercero, mejorar la pertinencia y la calidad de la educación a través de la adecuación y rediseño de la oferta educativa a los requerimientos del país, la apertura del debate sobre la educación laica y el tratamiento de la religión en la educación, el cumplimiento estricto del horario y el calendario escolar, la plena apropiación y aplicación del currículo por el personal docente, la universalización de la jornada extendida, la incorporación de la educación sexual y reproductiva, el uso creciente de tecnologías de la información y bibliotecas, y el diseño y aplicación de una política editorial de textos y recursos pedagógicos, entre otras.
Cuarto, dignificar y desarrollar la carrera docente. Para ello, se adoptaron compromisos para actualizar los programas de formación, introducir pruebas para entrar a la carrera docente, atraer talentos, adoptar sistemas de evaluación docente, poner en funcionamiento el Tribunal de Carrera Docente, crear categorías de puestos docentes, mejorar las remuneraciones y exaltar la labor docente. El Estado se comprometió a mantener el financiamiento público y a aumentarlo conforme se logren avances fiscales en el marco de la END.
Sin embargo, la clave no está sólo en los compromisos alcanzados sino en que la veeduría, la evaluación y el monitoreo son también una pieza fundamental. Esta vez no parece tratarse sólo de palabras, y los recursos no podrán ser más una excusa. La diferencia está en lo que hagamos con los recursos y el poder que tenemos.
