El presidente de la Suprema Corte de Justicia escaló otro peldaño en la prédica reveladora de la profunda inquietud que tiene respecto a la formación de los abogados. No hace un mes, el pasado 12 de marzo, comentó cómo las universidades están graduando esos profesionales sin que llenen los rigores requeridos.
Al exponer en el panel “Análisis del proyecto de ley sobre el ejercicio de la abogacía y la notaría en la República Dominicana”, organizado por el decanato de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo, comentó la sobrepoblación de las facultades de Derecho y al mismo tiempo la pobre calidad de los egresados.
Entonces, Mariano Germán Mejía abordó un tema muy sensible que está asociado a la debilidad del sistema educativo de abajo hacia arriba. Esa vez observamos que la única manera de mejorar el flujo, mientras llega una reforma estructural de la educación, es mediante el establecimiento de reglas de ingreso a las universidades, como una seria evaluación, dispuesta por el Ministerio de Educación Superior, pero de dudoso cumplimiento.
Sus palabras del miércoles pasado ante periodistas sobre las debilidades o errores en los expedientes como causas limitativas de una administración de justicia eficaz, obligan a recordar esas palabras de marzo, porque desde cualquier punto de vista nos hacen mirar hacia la calidad de los actores del aparato investigativo, del Ministerio Público y de sus auxiliares, en la persecución de las infracciones atinentes a la seguridad pública y al imperio de la ley.
El magistrado no pretende excusar la responsabilidad jurisdiccional buscando culpas ajenas, porque reconoce que también los jueces se equivocan. “En nuestros hallazgos hemos determinado que la mayoría de dichas sentencias se bastan por sí mismas, y en los casos en que hemos encontrado anomalías se está procediendo a profundizar las investigaciones”.
Desde una perspectiva correcta, es evidente que para que haya un sistema caracterizado por la calidad y su razón de ser, justo, es necesario que todos los entes estén en condiciones de cumplir fielmente sus misiones. Lo contrario sería el consabido “nunca acabar”, lo que haría imposible el papel resarcitorio de la sanción ante la sociedad.
