El arrendamiento gubernamental de la gigantesca mina de oro, plata, cobre y cinc, de Pueblo Viejo, Cotuí, a la empresa minera canadiense Barrick Gold, mina valorada en unos 50,000 millones de dólares, y la necesidad de construir sobre la cabecera del río El Yagal una nueva represa para las colas cianuradas del proceso metalúrgico, debido a que la vieja presa de colas de Mejita está llena de sedimentos y a que la presa de colas de Las Lagunas fue arrendada a otra empresa minera para extraer el oro y la plata contenidos en los sedimentos residuales del anterior proceso de tratamiento del mineral sulfuroso de transición, motivó que los humildes campesinos que residían en El Yagal fueran desplazados de su hábitat, pero sin una adecuada solución social acorde con el tamaño de la mina y acorde con los beneficios económicos que esa gran mina produce, tanto para sus dueños y accionistas, como para el Gobierno.
Desde el mismo momento en que los campesinos de El Yagal fueron desplazados, sin una adecuada solución social, están pasando hambre y sed, ante la mirada indiferente de una empresa minera que diariamente extrae millones de dólares de un subsuelo que pertenece a los dominicanos, principalmente a quienes siempre han habitado en esa zona, y ante la indiferencia del Gobierno que tampoco mira las precariedades en que vive esa humilde gente que muere de sed y de enfermedades.
De ahí que la pasada semana, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Félix Vásquez, uno de los pocos dominicanos preocupados por el drama social en que viven los moradores de El Yagal, nos invitó a participar, junto a él, en una reunión general comunitaria, desarrollada en la comunidad de Zambrana, y donde se dieron cita los principales dirigentes comunitarios de la zona, los cuales nos expresaron, con lágrimas de amargura, las vicisitudes que sufren cada día por la falta de agua potable luego de haber sido desplazados desde la cabecera del río El Yagal, donde siempre disponían de agua casi potable.
No hay forma de entender, desde el punto de vista del razonamiento lógico, que una empresa y un gobierno central que desplazan a una comunidad para extraer anualmente poco más de mil doscientos millones de dólares en oro y plata, no puedan ponerse de acuerdo para disponer de apenas un millón de dólares para reubicar a esa gente en un lugar decente, construirles pequeñas viviendas decentes, proveerles de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, escuela y atención médica primaria, para que ellos vean a la minería como una actividad industrial amigable, y no como una actividad enemiga que ocasionó un grave trastorno en su estilo de vida.
Y esa es la válida razón por la cual hoy algunas comunidades no quieren las operaciones de las empresas mineras en sus entornos, pues, con honrosas excepciones, casi todas las empresas mineras, en su afán de lucro desmedido, quieren todo el dinero producido por los minerales extraídos del subsuelo que es propiedad del Estado, y de unas tierras que antes eran propiedad de los campesinos, y no comparten nada de beneficios con los ciudadanos vecinos, aunque sí comparten mucha contaminación ambiental y mucho ruido, y si los mineros no comparten sus ganancias con los comunitarios vecinos, y sólo les dejan problemas y sufrimientos, ¿cómo quieren que esa gente mañana les apoye en sus nuevos proyectos mineros?
Ojalá que el presidente Danilo Medina y los ejecutivos de la Barrick Gold, en breve plazo, se pongan de acuerdo para resolver el problema de El Yagal.
