Aunque es una frase ya gastada, qué fuerza sigue teniendo aquello de que “¡este es un país muy especial!”. La expresión, cargada de ironía, solía retratar situaciones singulares que dejaban a la gente perpleja. A veces lo grato cobra ese sentido, pero también lo insólito y claramente lo ridículo, y en ocasiones, lo que se lleva de encuentro la ley y se torna abusivo.
Pero preferimos no utilizarla para referirnos al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que si observamos su comportamiento no tiene ninguna razón de ser, porque sólo sirve para obstruir, impedir, o simplemente no hacer nada, y si hace algo, para ir contra su razón de ser.
Es lo que está pasando con los trabajadores de ingreso tardío al sistema de la seguridad social, a quienes la Superintendencia de Pensiones les niega el derecho de recuperar sus aportes mediante la arbitraria resolución 356-13, aprobada sin que fuese publicitada apropiadamente, que permitiera conocerla a quienes afecta.
Pero en todo esto se conjuga la naturaleza de ciertas capas sociales dominicanas, insensibles hasta para defender sus derechos. No es ya la falta de solidaridad, sino una combinación de ignorancia, indiferencia y frustración ante quienes se burlan de la ley y niegan derechos sociales adquiridos, instituidos por todas las convenciones relativas a los derechos de los trabajadores. Están decididos a residir “en el lugar de los vencidos”.
A ello habría que agregar la actitud de quienes se presumen sus representantes ante los organismos públicos, como en el CNSS. Van allí unos señores que no rinden cuentas, absolutamente de espaldas a quienes se supone que sirven. Es la burocracia sindical que no representa a nadie, sino a ellos mismos, como una burla a quienes han trabajado toda una vida. Y ni hablar de la representación del Estado, muy ajena al interés de los ciudadanos. “Nada que perturbe el disfrute del poder público”.
No cabe duda: “Este es un país muy especial”.
Pese a todo hay que insistir: el régimen de la seguridad social requiere reformas para que sea útil a los trabajadores y no un medio para garantizar intereses a terceros.
