El proyecto de ley nacional de música, sometido al Congreso por el diputado y cantautor Manuel Jiménez, ha encontrado un gran rechazo, no sólo entre radiodifusores, artistas y sectores vinculados, sino también en una parte de la población que se niega a que el Estado le limite su capacidad de elegir libremente la música que consume.
Aunque el propósito esbozado para esto es impulsar la difusión de la música local, lo cierto es que muchos cantantes dominicanos se han ido ganando grandes espacios en las emisoras sin necesidad de paternalismo estatal mediante imposiciones legales.
Esto tendría mucho sentido si se lleva a cabo en las emisoras estatales como Dominicana FM, Radio Educativa Dominicana, Quisqueya FM, La Voz de las Fuerzas Armadas y otras, pero obligar a negocios privados a cambiar sus estrategias, su programación y su audiencia es una involución y atentado al libre comercio.
También, el proyecto pretende abultar una ya hipertrofiada nómina estatal mediante la creación de nuevas instituciones (y por ende más burocracia) como el Instituto Dominicano de la Música (Indomusica) y hasta una Procuraduría para la Defensa de la Música Dominicana.
Los dueños de emisoras deben tener el derecho a decidir el formato, el género musical y el público al que quieren dirigirse, y este público a su vez tener la libertad de decidir lo que quiere, que actualmente resulta fácil ya que la radio está clasificada.
Lo anterior no significa que sea correcto hacer una campaña en contra de los legisladores cuando aún no se han hecho todas las discusiones y evaluaciones de lugar, pero hace entendible el temor y la ansiedad que tienen aquellos que la encabezan.
Lo prudente, lo adecuado, sería realizar encuentros con la comisión permanente que en estos momentos estudia el proyecto en la Cámara de Diputados y tratar de llegar a razonables consensos. Incluso, partiendo de que uno de los lógicos argumentos que algunos utilizan para apoyar el proyecto es la posible eliminación o al menos reducción de la común práctica de la “payola” que tanto daño ha hecho a talentosos pero no ricos músicos del país, podrían los diputados exigir a los dueños de emisoras que propongan alternativas serias y demuestren voluntad real para corregir ese problema.
El proyecto es un atropello e incluso inconstitucional, pero una guerra frontal no es la mejor estrategia por el momento. Manuel Jiménez es un hombre sensato, y aunque la pieza sin dudas tiene grandes fallas, resulta evidente que parte de intenciones buenas.
