Se atribuye al General Álvaro Obregón, quien fuera Presidente de México en los años 20 del pasado siglo, la sentencia: “!No hay General que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos!”. Manifestaba así, la vulnerabilidad a la corrupción en los funcionarios del sector público. Y si el cañonazo es de 3.5 millones de dólares… La corrupción es una desgracia; es una transferencia de recursos sin contrapartida y solo para, de manera egoísta, beneficiar a alguien.
Este flagelo crea distorsiones en el desempeño de la economía y afecta la eficacia del estado; y claro, aflige la moral del conglomerado. Así que con la sanción a este mal se busca restablecer el equilibrio económico y social; pero también, y muy importante, procura castigar la conducta inapropiada de políticos que hayan incurrido en la mala práctica; alguna guisa de venganza se alcanza a ver en el énfasis a que se castiguen estos personajes, pero se la ganan, no solo por delinquir sino por el esfuerzo que hacen para que aceptemos la corrupción como un mal endémico, normal.
Al tenor de lo anterior, irrita ver cómo cada vez que son atrapados en falta y puesto en evidencia, los políticos y sus seguidores tiñen las denuncias como simples ataques político; y ‘los partidos que les dan cobijo, tratan de ocultar su culpa pregonando las del oponente’; con eso, desvirtúan la lucha contra la corrupción.
¿Qué hacer? Incentivar la no corrupción, claro, de manera general, y con especial énfasis en aquellos políticos que revolotean alrededor del poder o con vocación al mismo. Y no estoy proponiendo reeducarlos ni que apelemos a una nueva ética o moral, con ellos es imposible, ya están muy roñosos y cínicos. Es algo que les duela: que entiendan que la corrupción es un obstáculo para alcanzar el poder, y por tanto que deben mantenerse alejados de la práctica y del rumor público; visto así, la necesidad de salvar esta barrera se constituye en incentivo. Además de honestos, aparentarlo.
No son tontos, algo saben de lo anterior, por eso quieren lo mejor de los dos mundos: malversar, lucrarse y tapar para no sufrir consecuencias; y a veces lo logran; sin embargo, hoy, fruto de la exigencia generalizada de transparencia y los medios electrónicos de comunicación, las redes, es difícil ocultar su actividad delicuencial; y viene a ser que, entonces, ocurre una doble situación a la que se enfrentan: la que maneja el código penal y la de la percepción pública.
El Código Penal no es suficiente. ¿Por qué? No por insuficiencia de las penas, sino porque: “La Corrupción siempre tarda en descubrirse; los procesos tardan en tramitarse, y tardan en juzgarse”. Esas fueron las palabras que en entrevista de agosto de este año pronunciara Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Superior de España (ver El País, pág. 16, del 26 agosto de este año).
Como se puede apreciar, las dificultades del proceso penal unidas a las nuevas facilidades de comunicación y conocimiento a disposición de la sociedad, dan mayor oportunidad a la vigilancia de las actuaciones de los órganos y funcionarios del Estado; y es preciso que los políticos tomen nota de esta situación, porque esa atención se convierte en presión social y posterior rechazo a su conducta; y aunque por algunas razones non sancta cuenten con el favor de los tribunales, en caso de sometimiento, puede ocurrir una inversión de roles: las Cortes dan un no ha lugar o absuelven y la sociedad acusa y juzga. Ambos tocan extremos y como tales nada bueno, pero es posible que sea el nuevo contén contra la corrupción.
