En cualquier otra parte del mundo, el crecimiento del patrimonio de un servidor público en la proporción que ha crecido el del senador de San Juan de la Maguana, sería más que un escándalo. El incremento astronómico de las riquezas de un político mientras desempeña un cargo público no es normal y exige de una explicación detallada. Entre las responsabilidades de los funcionarios está la de rendir cuentas ante los ciudadanos y la justicia, no ante órganos complacientes como el antiguo DEPRECO o la tristemente célebre comisión del Congreso que montó el espectáculo de una supuesta investigación del caso del referido senador.
Debe ser ampliamente apoyada la decisión de la Procuraduría General de solicitar apertura a juicio en el caso del senador Félix Bautista. Es a la justicia a la que le corresponde decidir si aquí han habido o no violaciones de las leyes dominicanas. Solo una de las imputaciones, la de enriquecimiento ilícito, es más que suficiente para que este caso se conozca en un juicio público, oral y contradictorio. Conforme la Constitución, es a los propios funcionarios a quienes les corresponde probar el origen de sus bienes. Esta figura es parte de la nueva Ley de Declaración Jurada de Patrimonio No. 311-14.
Algunos grupos pretenden desviar la atención planteando que el Procurador General ha estado violando la Constitución y las leyes al participar en actividades de proselitismo electoral y que su acusación es de carácter puramente político. Quienes asumen este discurso son los que se han beneficiado de la impunidad que ha imperado en el país y los que no resisten que el Ministerio Público se disponga a cumplir con su rol, como en este caso y en el de otro funcionario vinculado a la anterior administración. La presión y el chantaje no pueden tener cabida en un proceso en el que la Suprema Corte, superando su pecado original, tiene que demostrar que no le debe lealtad a nadie y que ha alcanzado la madurez necesaria para actuar con independencia.
La apertura de juicio da la oportunidad al senador Bautista de presentar sus pruebas de inocencia ante las acusaciones del Ministerio Público. El discurso de defensa de los archivos de su caso o de descalificación del Procurador, no convence a nadie. A lo que debe dedicarse el senador y sus abogados es a explicar ante un tribunal cómo se multiplicó su patrimonio en las proporciones que lo hizo, si ha cometido prevaricación o desfalco, si sobrevaluó las obras construidas desde la OISOE, entre otras imputaciones. Esta es su oportunidad de oro senador.
