Para muchos no es una sorpresa los hechos detalladamente descritos en el expediente acusatorio depositado recientemente por la Procuraduría General de la República por ante la Suprema Corte de Justicia. No solo porque el rumor público ha dado cuenta desde hace tiempo de estos y otros supuestos actos de corrupción, sino porque valientes comunicadores han realizado investigaciones y denunciado los mismos.
Más bien, la sorpresa radica en que finalmente nos encontramos ante una acusación minuciosamente elaborada y avalada con pruebas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia designar un juez de instrucción especial para conocer de la misma y dar apertura al juicio.
La utilización de una red de sociedades, testaferros, familiares, amigos y afines diseñada con la finalidad de intentar ocultar beneficiarios, no es un hecho nuevo, como tampoco la existencia de redes todavía más poderosas, tendentes a asegurar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la impunidad de funcionarios sobre los cuales la percepción pública hace tiempo que dictaminó sobre la comisión de actos de corrupción, no obstante los arreglos, archivos de expedientes, maniobras, inmunidades y otras acciones astutamente realizadas para burlar el imperio de la ley.
La excesiva seguridad que le ha dado a muchos funcionarios y ex funcionarios el sentirse poderosos política y económicamente, con la capacidad de controlar personas e instituciones, contratar buenos abogados litigantes, de intentar manipular la opinión pública a través de su manejo de medios o de periodistas complacientes u obtener no importa qué, gracias a la red de favores construida en perjuicio del Estado, no solo ha provocado que no le teman a la ley y se sientan por encima del bien y del mal, sino que además pretendan lo imposible: ostentar groseramente sus mal habidas riquezas y al mismo tiempo silenciar a la sociedad que los repudia.
Esto ha llegado al punto que muchos se jactan en decir que no le temen a la justicia, tan seguros como se sienten de su control sobre la misma, control que jamás podrán tener sobre la sanción moral de la sociedad y la verdadera justicia, la divina.
Siempre escuchamos el gastado argumento de persecución política y los intentos de demeritar a quien en ejercicio de su autoridad acusa, intentando impedir su actuación. Se equivocan aquellos que pretenden descalificar o invalidar su acusador por fútiles razones, porque su verdadero acusador es una sociedad que ha llegado al hartazgo no solo por la repudiable y alarmante corrupción de la que ha sido víctima, sino por el abuso de malos funcionarios que no solo burlan la ley y las instituciones, sino que pretenden seguirse burlando de la inteligencia de todo un pueblo, que paradójicamente aun ignorante es sabio, y sabe colocar a cada quien en su justo lugar.
Ojalá que nuestra débil justicia emule a la diosa Themis y con una venda en los ojos, una balanza en una mano y una espada en la otra, sea capaz de dictar fallos ejemplarizantes para que se envíe el mensaje correcto y cada vez menos personas quieran ir al Estado para salir del mismo cargados con la mágica maleta del Gato Félix.
