Desde la Ilustración existe una separación entre Estado y Religión, por lo menos en teoría. En nuestro país eso no ha estado nunca muy claro y la que ha sido religión mayoritaria en muchos casos se distancia de los postulados cristianos.
El conservadurismo en materia religiosa tiene su lógica, es una forma de mantener unido al rebaño. El conocimiento científico y la amplitud de miras pueden minar estas adhesiones por “fe”. Por esto no debemos razonar, solo creer.
Además, la individualidad se pierde en la multitud. El hombre-masa no piensa, siente. Por esto al motivar las pasiones humanas los líderes y movimientos buscan las más “bajas”: el odio une más que el amor, por ejemplo. Y el grupo se cohesiona más fácilmente con ideas simples y extremas.
El aborto es darle un no a la vida, dicen unos. Y, de paso, chantajean a los legisladores con un castigo electoral si despenalizan la interrupción del embarazo, aun en condiciones excepcionales.
El aborto, en casos especiales, es darle un sí a la vida. Es proteger la dignidad de la madre, de la mujer. Es despenalizar a las mujeres de menores ingresos, las más afectadas por la desigualdad y el abuso. Dicen otros.
Se argumenta que al observar el Código Penal el Poder Ejecutivo debió enviar la redacción que entendiera debía contener los artículos objetos de la misma. En este caso los relativos al aborto, del 107 al 110.
Sin embargo, el artículo 102 de la Constitución de la República no lo establece de esta forma. Solo obliga al ejecutivo, cuando observa y devuelve a remitir “sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación”. Lo cual fue cumplido por el Poder Ejecutivo. Por lo que este argumento carece de peso jurídico.
El tema ha dividido el país, conservadores y liberales sacan músculos. La Cámara de Diputados, por ejemplo, debió posponer la discusión de las observaciones presidenciales para el martes 16 de diciembre, pues no se ponían de acuerdo. El país está dividido, mostrando una vez más nuestra incapacidad para el consenso.
En tanto, las que tienen recursos seguirán practicándose abortos de forma segura, incluso fuera del país. De su lado, las pobres, las “nadie”, la mayoría de las mujeres que interrumpen el embarazo, lo harán a escondidas en una clínica de barrio, sin higiene ni garantías. Diga lo que diga la ley. Lo demás es hipocresía social e irresponsabilidad política.
Esperemos el regalo navideño de los diputados a las madres dominicanas.
