En República Dominicana, la lucha por los derechos va tomando cada vez más cuerpo. El miedo va quedando atrás y la ciudadanía más pobre, más subordinada y más excluida reclama al Estado, cada vez con más vigor, que cumpla con su principal deber: reconocerles como ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos, y protegerles contra el abuso y la discriminación.
Las movilizaciones de fines de 2012 marcaron una nueva y renovada fase de activismo, cuando una ciudadanía indignada con la corrupción en el Estado reaccionó irritada, y plantó cara al gobierno por pretender ponerla a pagar los costos del desastre fiscal y por proteger a los responsables del latrocinio. En ese momento, empezó a llamar las cosas por su nombre, y a entender que tiene derecho a reclamar, a pedirle cuentas a quienes detentan el poder y a demandar justicia.
El movimiento por el reconocimiento pleno de la nacionalidad de los dominicanos y dominicanas descendientes de migrantes es otro de los hitos recientes en la lucha por los derechos humanos. La ominosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que dio carácter legal a la desnacionalización de facto que venía implementando la Junta Central Electoral, motorizó la movilización por la restauración del derecho usurpado.
El valor de esa lucha es que por primera vez, una de las poblaciones más excluidas y más discriminadas del país, por pobre, por negra y por descender de haitianos, se levantó y, en medio de la incomprensión y el rechazo de una parte importante de la opinión pública alimentada por décadas de una educación trujillista discriminadora y racista y por la manipulación mediática, se enfrentó (y se sigue enfrentando) a un poder intolerante y abusador. Y sin embargo, no se amedrentó y sigue batallando con el único objetivo de ser iguales a los demás en el país que les vio nacer y del cual son parte.
En este momento es el turno de las mujeres. Llevan años luchando porque se reconozcan que sus derechos son también derechos humanos, y ahora tienen la oportunidad de lograr que finalmente les sea reconocido el derecho a decidir si quiere o no arriesgar su vida cuando el embarazo es peligroso, si quiere o no gestar un producto que no podrá vivir, y si quiere o no llevar a término un embarazo producto de la violencia ejercida contra ella y atentando contra su dignidad y su salud.
Las encuestas no dan espacio para la duda: la mayoría de la población acepta que el embarazo pueda ser interrumpido si la vida de la mujer o niña está en riesgo. La conciencia ha crecido, y en este tema, las creencias y la fe se van retirando al lugar de donde nunca debieron haber salido: la conciencia y los comportamientos individuales de cada persona.
Además de reclamar derechos fundamentales para quienes no los han disfrutado, y visibilizar a poblaciones subordinadas y excluidas, un elemento común a estas luchas es que ellas tienen el mismo enemigo político: un entramado de poder que ha articulado a sectores profundamente conservadores, tanto del ámbito político como eclesial, con una maquinaria política que se ha entronizado en el Estado, que se alimenta de la corrupción y el clientelismo, y que sobre esa base ha expandido su poder hacia todos los poderes públicos, los partidos políticos y parte de la sociedad organizada.
A falta de bases sociales amplias que les sirvan de apoyo, los sectores conservadores que forman parte de ese entramado han encontrado en una parte importante del PLD (y de otros partidos, en menor medida) la palanca para avanzar su agenda que persigue perpetuar el estado de exclusión, impedir el empoderamiento de la población, y mantener un control sobre el aparato del Estado y sus recursos.
Para ello, se hacen de un discurso religioso y nacionalista que explota los prejuicios y los miedos cultivados por décadas, y recurren a la manipulación a través de los medios de comunicación para generar corrientes de opinión que les favorezcan.
Sin embargo, ese formidable enemigo de los derechos está siendo enfrentado con energía. La causa de las mujeres ha encontrado apoyo en el Gobierno, y el entramado conservador negador de derechos empieza a revelar sus grietas en la medida en que el estado de opinión le es adverso.
El de las mujeres es un ejemplo de cómo conducir una lucha por una causa justa y para construir una sociedad basada en derechos. Aprendamos de ella que quedan muchas otras.
