El nuevo escándalo que sacude a la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) y que involucra a altos oficiales de esa dependencia de la Policía Nacional, enciende el debate en torno a la razón de ser de la entidad que realiza el mismo rol que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) y expertos en seguridad ciudadana ven con preocupación los resultados de las indagatorias que desvelan una serie de irregularidades, como es la desaparición de drogas y extorsión a dueños de puntos, y proponen una evaluación del rol de esa dirección.
El Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, señala que el hecho de que existan dos instituciones para desempeñar una misma labor crea choques que impiden el combate eficaz del narcotráfico por lo que entiende que lo ideal es que exista una institución monolítica, que de manera concreta y unificada, diseñe políticas y estrategias para combatir el flagelo.
“Desde el punto de vista de lógica constitucional, lo correcto sería crear una agencia o que la DNCD sea un departamento adscrito al Ministerio Público como sucede en otros países”.
Dijo que es lo que sucede en países como Estados Unidos, donde la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en ingles (DEA) está adscrita al Ministro de Justicia.
No obstante, resaltó la intención del Jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, de que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades, al pedir la colaboración del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en las investigaciones.
Mientras tanto, el presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, fue más drástico al pedir al presidente Danilo Medina, la eliminación de la Dican, bajo el argumento de que constituye un obstáculo en la lucha efectiva de persecución del macro y microtráfico.
Afirmó que su existencia ha generado un aumento significativo de la corrupción policial por el involucramiento de los agentes al servicio de esa dirección en la protección de quienes manejan el negocio en barrios y comunidades donde se verifica el crecimiento de la actividad ilegal y consumo de estupefacientes por parte de jóvenes y niños.
Experto estima necesario crear mecanismos de control externo
Para el experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou, un problema tan delicado y que mueve tanto dinero no se resuelve con la eliminación de una de las dos agencias, sino con la creación de mecanismos de rendición de cuentas y controles externos a ellas, conformadas por instancias de la sociedad y del Poder Judicial.
“El principal inconveniente, es que tanto la DNCD como la Policía, son instituciones que se rigen por un concepto de autonomía que es inadmisible, ya que tienen supervisión a partir de organismos internos que están supeditados a los propios mandos de la Policía, y en el caso de la DNCD, ni siquiera hay un mecanismo, ninguna instancia que garantice la transparencia de lo que es la operatividad de esa institución”, afirmó.
Aunque el experto cree que la yuxtaposición institucional que se expresa en la multiplicidad de organismos enfocados en la política criminal, constituye un grave problema, reitera que el mal fundamental es la falta de controles externos que contribuyan a supervisar y controlar las actividades de esas agencias y de este modo transparentar la lucha antidrogas.
Dijo que en ningún país del mundo estas agencias han funcionado, hasta tanto no se crean instancias de control.
Sostuvo que salvo algunas excepciones, la mayoría de los responsables de operaciones de la DNCD han sido investigados y extraditados a los Estados Unidos, tras comprobarse su implicación en labores reñidas con sus funciones.
“Usted no puede poner la iglesia en manos de Lutero. La tentación es muy grande, y hay que drenar ese espíritu militar en esas instituciones, donde ellos se consideran una autoridad, por encima, incluso de la ley”.
De su lado, el procurador general, Francisco Domínguez Brito, informó que ha conformado una comisión ampliada para profundizar las investigaciones.
Agregó que todo indica que “en el presente caso se ha producido enriquecimiento ilícito que ha ido a parar a los bolsillos de quienes tienen la obligación de perseguir este delito y son situaciones ante las cuales no podemos ser indiferentes”.
Hecho debe servir de reflexión
Servio Tulio Castaños insistió en que todo esto debe poner el tema sobre la mesa y ver de qué forma sobre la base de un diseño institucional las autoridades pueden ser más efectivas en la lucha contra este flagelo.
Afirmó que la sociedad se desalienta y pierde la confianza cuando ve que quienes están llamados a perseguir y custodiar los cuerpos del delito se ven envueltos en escándalos de este tipo, lo que a su juicio termina por afectar al sistema.
Se mostró esperanzado en que las investigaciones den con todos los involucrados, no sólo en la PN, sino también en el Ministerio Público si los hubiera.
“Es una situación sumamente compleja y delicada y representa un reto para el Ministerio Público que como director de la investigación frente a una petición debe dar una respuesta a ese escándalo”.
La DNCD surgió como una respuesta política
El presidente de Adocco recordó que la Dirección Nacional de Control de Drogas se creó con el propósito de establecer un mecanismo político manejado directamente por el Presidente de la República, para enfrentar lo que entonces era un incipiente problema y que se advertía que tendría los ribetes que hoy ha alcanzado.
“Adjunto a la DNCD se crea el Consejo Nacional de Drogas, que tiene la responsabilidad de establecer la política de prevención del Estado, en ninguna parte de la ley habla de la creación de una división antinarcóticos de la Policía Nacional, la que fue creada entonces a solicitud de un exjefe de la institución del orden público que pretendía abarcar más allá de lo que la Constitución y las leyes permitían entonces”. Advirtió al presidente Medina que la Dican, desde su creación ha sido denunciada por irregularidades que se producen con frecuencia.
Julio César de la Rosa recordó que ya la Policía había tenido esas funciones, las que les fueron quitadas por los reiterados escándalos que en ese departamento se producían, siendo el más notorio el ocurrido en la gestión del entonces coronel Descartes Pérez, quien dirigió el Departamento de Drogas de la Policía, en la década de los años 70, procesado judicialmente por su vinculación al narcotráfico y protección a quienes para la época participaban en el negocio. Por el caso un coronel y varios oficiales de la Policía fueron arrestados e investigados por una junta de generales y organismos de inteligencia.
Fadul dice responsables serán sancionados
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, aseguró que los oficiales y agentes que estén relacionados con la pérdida de drogas en la Dirección Central Antinarcóticos serán sancionados y separados de la institución. “La Policía tiene órdenes precisas, de parte de su jefe, de llegar hasta el final en esa investigación caiga quien caiga. El que cometió un error, el que se desvió en la vida y comete una actuación, que pague por sus hechos. El que cayó bajo esta investigación será sancionado con todo el peso de la ley y será apartado de las filas de la Policía Nacional, sea quien sea”. Agregó que la Dican fue creada para colaborar con la DNCD en la lucha contra el microtráfico de estupefacientes.
