La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) abogó por un pronto ajuste salarial racional, “realista y racional”.La agrupación empresarial entiende que el ajuste salarial debe hacerse tomando en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sin exacerbar la inflación ni afectar la continuidad de las empresas.
“Debemos agilizar la aprobación del aumento salarial deponiendo las posiciones extremas, siendo realistas y reconociendo que el estancamiento de los salarios es un gran escollo para reducir la pobreza”, sostuvo la AEIH en su declaración semanal para la prensa.
El presidente de la AEIH, Antonio Taveras Guzmán, consideró, sin embargo, que la gran meta debe ser lograr un salario real de calidad, por lo cual se requieren reformas estructurales que hagan más competitivo el mercado.
Explicó que los incrementos nominales de salarios serán soluciones conyunturales mientras no se ejecuten reformas que contribuyan con el desarrollo económico e institucional para impactar directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la reducción de la pobreza.
“Es una tarea pendiente lograr que tasas de crecimiento, como la que tuvimos en 2014 de un 7%, acompañada por baja inflación, se derramen en la población, reduciendo la inequidad y generando movilidad social y económica”, apuntó.
Taveras Guzmán indicó que el ajuste racional de los salarios podría activar el consumo, elevar las ventas, los niveles de producción y crear un círculo virtuoso donde el Estado reciba mayores tributos para elevar el gasto social.
“Pero debemos dar pasos hacia adelante. Necesitamos reformas profundas en las áreas tributaria, eléctrica, laboral y, especialmente, regular la competencia en el mercado para que la economía sea menos costosa y el salario no ande siempre a la zaga”, subrayó el presidente de la AEIH.
Indicó que, por falta de esas reformas estructurales, una parte importante de los ingresos de los trabajadores se diluye en adquisición de bienes y servicios caros, malos, ofrecidos tanto por el Estado como por los carteles y oligopolios que operan en el sector privado sin que les sean aplicadas normas de ordenamiento del mercado.
