Hace tiempo que muchos denunciamos que el Estado se ha vuelto un espacio muy atractivo para aquellos que buscan una forma rápida de hacer dinero y obtener poder.
Cualquier persona se afilia a un partido político y por esa vía termina consiguiendo posiciones públicas, muchas veces sin más mérito que el haberse “fajado” en las campañas y peor aún personas con un historial delictivo gestionan obtener cargos públicos para conseguir una patente de corso que les permitirá tener no solo el poder para que se les abran puertas, sino de que se cierren ojos respecto de sus personas.
Por eso no debe sorprender que con ese caldo de cultivo tengamos enquistadas dentro de nuestro aparato estatal verdaderas mafias y redes de sicarios, como ha puesto al desnudo el proceso contra el regidor por el PRD de Pedro Brand y dirigente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, acusado por el Ministerio Público de ser el presunto jefe de una mafia ligada al negocio de combustible subsidiado y de una red de sicarios.
En estos horribles hechos confluyen muchos de los vicios que han sido denunciados en vano desde hace tiempo. Y es que nuestras autoridades han permitido que bajo el manto del fuero sindical empresarios del transporte se hayan hecho dueños del mismo en detrimento de las personas y la competitividad del país, imponiendo a la fuerza un ilegal monopolio e impidiendo derechos fundamentales como la libertad de empresa y de contratación; y han volteado la cabeza irresponsablemente ante actos vandálicos como impedimentos a transportistas privados de circular en las rutas de las que se han adueñado.
En vez de resolver el problema nuestras autoridades lo han alimentado, dándole a esos dirigentes choferiles la ración del boa como resultado de cada visita al Palacio Nacional que impide o pone fin a una huelga del transporte, lo que ha provocado que muchos dirigentes tengan no solo el control del transporte y de las rutas, lo que ha desatado violentas luchas intestinas, sino de excesivos beneficios otorgados por el Estado, como flotillas de vehículos y combustibles subsidiados.
Pero poseer el botín para algunos no ha sido suficiente y por eso desde hace unos años han buscado cargos electivos en el congreso y los ayuntamientos, y han creado agrupaciones políticas como una forma de obtener más poder e impunidad.
La caja de grillos que se ha destapado con este caso no puede circunscribirse al proceso judicial, el cual si bien debe terminar con sentencias ejemplarizantes, tiene que impulsar una profunda purga de las acciones que han permitido que la mafia se apodere de estamentos del Estado.
Para eso se necesitan autoridades responsables dispuestas a eliminar las distorsiones que han permitido que empresarios desnaturalicen el fuero sindical para su beneficio, que algunos tengan el derecho a violar la ley impunemente, que se pueda estar en una boleta de votación aunque se tenga un prontuario delictivo, que los gobiernos tengan carta abierta para comprar adhesiones a costa del erario y la institucionalidad del país y que los partidos políticos financiados con el dinero de los contribuyentes sean feudos sin ley y sin ningún tipo de control y transparencia.
Ojalá que este caso sirva para abrir los ojos de una Nación que de tanto tolerar la corrupción ha pasado a ser gobernada por ella.
