¿Quién va a cuestionar u oponerse a un pacto contra la criminalidad y por la seguridad ciudadana? De hecho, el mismo está ratificado desde que se creó la República Dominicana. Es misión de las autoridades hacer que prevalezca la paz y el orden en toda la nación, con el auxilio de la fuerza pública y todos los mecanismos de control y represión previstos en las leyes, dentro de un imperio de respeto a los derechos de las personas.
Como están de moda los pactos, ¿por qué no hacer uno por la seguridad ciudadana y contra la criminalidad?, se habría preguntado el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y podría tener razón, toda vez que el terror que han impuesto los delincuentes obliga a pensar en medios para prevenir el crimen, que es la mejor forma de combatirlo.
Ray Guevara reconoce muy bien que la delincuencia tiene raíces sociales y económicas. También está asociada a la globalización de los mercados y las comunicaciones. Las fronteras se han ensanchado. La criminalidad organizada es un negocio malvado que se impone casi siempre con violencia, corrupción, infiltración o burla de los organismos establecidos.
Pero todo eso no nos ayuda a encontrar cómo asirnos de la idea de un pacto contra la delincuencia. Claro que la Nación entera es un concierto contra los criminales. Desde ese punto de vista la idea del pacto se ve bien.
Pero no es como el déficit eléctrico con todas sus implicaciones, o la política fiscal, que tiene partes claramente identificables, con las cuales se puede llegar a determinados propósitos bien específicos. Sólo faltaría voluntad política y determinación.
La delincuencia es para combatirla. Y en eso estamos contestes. Hay factores causales con los cuales habrá que luchar toda la vida. Otros tienen que ver con la responsabilidad de quienes gobiernan y con los individuos y organizaciones de buena fe que hacen invaluables contribuciones.
Los tribunales especializados podrían ser una idea a discutir, pero el resto forma parte de todos los retos que conlleva la gobernanza. Corresponde al Poder Ejecutivo y sus agencias liderar las tareas para detener la delincuencia.
