Desde hace décadas la sociedad dominicana ha estado inmersa en un intenso debate sobre las reformas institucionales que harían posible la consolidación de un real Estado de derecho. En tal sentido, se ha prestado mucha atención a la necesidad de la creación y fortalecimiento de instituciones que, amparadas en la Constitución y las leyes, sirvan de frenos y contrapesos al ejercicio del poder político. Un poder sin límites deriva en un poder autoritario y abusivo, por eso la importancia de su control. Además del Congreso, las altas cortes y otros órganos constitucionales deberían contribuir a este propósito. El control y la fiscalización de los distintos poderes del Estado sólo es posible en la medida en que existen instituciones como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y otros órganos constitucionales, que tengan un carácter autónomo y gocen de una real independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera. El marco constitucional y legal actual les da esa autonomía; el pragmatismo político la cercena. Fue este pragmatismo el que llevó a un grupo político dentro del PLD a entender que para blindarse, era necesario controlar el Consejo Nacional del Magistratura y a través de él, a todas las altas cortes. La integración política de los órganos constitucionales ha llevado a sus miembros a tener que lidiar con el dilema de si serles fiel a la Constitución o leales al líder político que les premió con el cargo. Para desgracia de la democracia dominicana, salvo honrosas excepciones, estos hombres y mujeres han optado por lo segundo. La designación de políticos y relacionados en las cortes, hace que estos jueces defiendan intereses políticos partidarios aun en contra de la Constitución, las leyes y el bienestar de los dominicanos y las dominicanas. Al final quien termina perdiendo es la democracia y con ella el Estado de derecho.
Estas altas cortes, aunque autónomas de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado, prefieren el ejercicio de una autonomía recortada. Defienden con firmeza su facultad para fijarse de manera independiente sus sustanciosas remuneraciones y su derecho a auto-fiscalizarse; pero son altamente permeables a la intervención política en su accionar. Exigen que se les respete el derecho a la indexación autónoma de sus salarios; mientras ceden a la influencia externa en sus decisiones. El ejercicio de una autonomía a medias se puso de manifiesto en las vergonzosas resoluciones de no ha lugar emitidas por el Poder Judicial en favor de varios políticos con acusaciones bien sustentadas de corrupción. Esto tiene que cambiar, solo la presión ciudadana lo hará posible.
