La República Dominicana tiene un tratado de extradición con Estados Unidos que cumple a pie juntillas, a veces más allá de lo debido, de forma tal que en su aplicación no parece un instrumento bilateral, sino unilateral.
Con suma diligencia República Dominicana complace a Estados Unidos en todos sus pedidos. Generalmente envía a personas que han cometido graves delitos en el país.
A los delincuentes parece que les resulta más conveniente pactar con las autoridades norteamericanas que purgar sus penas aquí, y ya hasta piden voluntariamente que los procesen allá.
Recientemente se firmó una nueva versión del tratado de extradición y está a la espera de observación del Tribunal Constitucional (TC) y de la ratificación congresual. Es un documento prácticamente desconocido. Quizás estamos a tiempo de someterlo a una seria revisión. El TC debería hacerlo con mucha calidad. Las autoridades deben establecer algunas condicionalidades.
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