Los legisladores siguen acudiendo a sus sesiones, pero el foco de interés está centrado en los problemas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la lucha de poder que se suscita a través de la iniciativa de reforma constitucional para restituir la reelección presidencial consecutiva.
Pero el Congreso Nacional tiene importantes tareas pendientes, a las cuales sus miembros están de espaldas. La Constitución vigente incluyó cambios que requieren la aprobación de leyes adjetivas para que lo previsto en la norma pueda materializarse.
Una de las iniciativas que debía declararse del más alto interés nacional es el proyecto de ley que da cuerpo a la norma prevista en el artículo 51, acápite 5) de la Constitución, que regula el régimen de confiscación o decomiso, especialmente ahora, cuando retornan exconvictos por narcotráfico que negociaron con Estados Unidos y están recuperando sus bienes como si nada hubiese pasado.
El proyecto de ley que haría posible la confiscación por la vía más expedita duerme en la comisión de justicia del Senado, en el cual todo gira ahora en torno al proyecto de reelección.
La pieza, reintroducida por los senadores Julio César Valentín, Charlie Mariotti y Adriano Sánchez Roa, ha encontrado apoyo de sectores de la sociedad civil y la Procuraduría General de la República.
El criterio es que ante la nueva realidad que vive la sociedad dominicana frente al enriquecimiento ilícito, sea por corrupción o narcotráfico, se requiere una norma que facilite a las autoridades los instrumentos más adecuados para actuar.
Ahora resulta desconcertante escuchar cómo la autoridad correspondiente se expresa con cierto desconsuelo de que nada puede hacer frente a quienes cumplieron penas en Estados Unidos y retornan libremente, después de una negociación y simplemente recuperan todo lo acumulado mediante acciones delictivas de extrema gravedad.
Esto es impúdico y al mismo tiempo aterrador.
