El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Blanco Canto, escogió el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio como escenario para presentar al país un importante planteamiento sobre la necesidad de promover un mayor nivel de institucionalidad.

Presentó una agenda que debe llamar a la reflexión a todos los dominicanos interesados en el progreso del país. Resumo a continuación, manteniendo sus propias palabras, los cuatro puntos centrales de su propuesta:

El primer pilar es la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara, haciéndolos cada vez más organizados, transparentes y evitando el uso y abuso de los recursos del Estado. Acortar los tiempos de campañas, para garantizar mayor tranquilidad en el país y para reducir los costos de las mismas. Los altos costos se convierten en una barrera de exclusión para muchos dominicanos de talento, capacidad y trayectoria que no tienen la oportunidad de postularse por limitaciones económicas. También, garantizar un acceso equitativo a los medios de comunicación y a los espacios publicitarios, y una mayor regulación de los mismos no sólo durante los períodos de campaña electoral, sino los períodos preelectorales.

El segundo pilar es la aprobación de una ley de partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones, con reglas claras que garanticen la transparencia, el orden y los mecanismos institucionales que permitan a su militancia ejercer el derecho al voto.

El tercer pilar es la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública. Es fundamental una apropiada regulación del uso de los fondos del Estado para la campaña electoral. Esta es una preocupación elemental para el sector privado, puesto que el aumento desmedido del gasto público durante períodos electorales, ha sido una de las causa principales de reformas o parchos tributarios.

El cuarto pilar es la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a regular el proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por sí solas no bastan. Debemos establecer mecanismos transparentes y plurales para la designación de sus titulares. La sociedad no permitirá que los partidos continúen repartiéndose políticamente estos órganos vitales para la democracia: Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas y Altas Cortes. Se hace necesaria la elección de autoridades confiables en cada área, que tengan trayectoria y carrera, pero sobre todo independencia. Proponemos que su selección sea a través de concursos abiertos para la participación de aquellos que se destaquen por su capacidad y méritos.
El discurso de Blanco Canto merece la atención de todos.

Las posiciones asumidas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), por ser el organismo cúpula del sector empresarial, suelen ser identificadas como la postura del sector privado. Y si las plantea en un escenario, en un foro tradicional de debates como es el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, entonces la idea, queja o sugerencia tiene carácter sectorial.

Por eso, las expresiones del presidente del Conep, Rafael Blanco Canto, aunque un poco salidas del tradicional discurso de los empresarios, hay que tomarlas como una posición clasista. No sería exagerado aceptar o clasificar las expresiones formales de esa organización como “La voz del empresariado”.

Estas disquisiciones son a propósito de los juicios que emitió el dirigente de los empresarios el miércoles último, ante la matrícula de la Cámara Americana de Comercio. Allí el dirigente empresarial dijo que para que el próximo proceso electoral sea legítimo, justo y creíble, se necesita la aprobación de las leyes de Garantías Electorales, de Partidos Políticos y de Responsabilidad Fiscal.

De entrada parece una posición o condicionamiento muy radical, excesivo si se quiere. Pero el dirigente empresarial fue muy reiterativo en su visión de que es necesario alcanzar el fortalecimiento institucional como requisito esencial para lograr que República Dominicana sea un país avanzado, y sobre la importancia de establecer mecanismos fuertes que obliguen al cumplimiento colectivo de las leyes.

Su postura de que “es hora de dejar atrás el desorden y la anarquía propios del subdesarrollo”, bien puede interpretarse como un juicio de valor más propio de un político ultraconservador, que de un empresario moderno. Pero parece simplemente una expresión de alguien que profesa y anhela la disciplina como norma y conducta colectivas.

Blanco Canto no fue el único expositor ni tampoco el exclusivo demandante de aprobación de leyes. También el presidente de la organización anfitriona, Gustavo Tavares, expuso que es de suma importancia para mejorar el clima de inversión y para facilitar la continuidad de empresas que atraviesan problemas, que se apruebe la Ley de Quiebras, cuyo proyecto cursa en la Cámara de Diputados. Pero por la condición de presidente del Conep y de orador invitado, la posición planteada por Blanco Canto es la que marca la posición y es la que debe mover la acción de las instancias oficiales vinculadas. A caminar que el tiempo apremia.