El gobierno dominicano empieza a reaccionar en los términos que espera la Nación. Era tiempo de que se profundizara en una línea de respuesta de calidad, claridad y firmeza, ante los infundios, provocaciones y manipulaciones de la realidad, con el único propósito de dañar la imagen de la República.
Hemos insistido en que las autoridades fueron más que condescendientes con las medidas adoptadas para manejar los retos planteados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, particularmente, con el decreto que congeló las deportaciones de extranjeros en situación irregular, auditando los libros de registros de ciudadanos desde 1929 y dando solución a más de 50,000 casos, y posteriormente, con la aprobación de la Ley 169-14 de Regularización de Extranjeros. Más la actitud extremadamente propositiva, asertiva y tolerante ante cada petición, incluso, cuando estaba más allá de lo prudente y razonable.
Se llegó hasta a concederle a Haití todas las facilidades logísticas para que documentara a sus ciudadanos en el país. Asimismo, la República Dominicana atendió todas las llamadas y convocatorias. Acudió a todos los foros y cónclaves para explicar cuanto hace para normalizar una situación con raíces añejas.
Y desplegó esfuerzos, y continúa haciéndolo, con gastos cuantiosos, cientos de millones de pesos, que constituyen sacrificios, para solventar una situación que no es del todo responsabilidad del país.
Pero de nada ha valido. Ahora, el nuevo secretario general de la OEA va más allá de lo debido, y pretende que la República acoja a todos los inmigrantes ilegales. Se ha olvidado que ya todo fue hablado y que ahora sólo debe prevalecer el imperio de la Ley.
Las palabras y las decisiones de las autoridades y sus instituciones deben ser claras, terminantes y suficientemente contundentes como para que gente como Luis Almagro y compañía entiendan el sentido de la soberanía nacional.
En esa perspectiva, satisfacen las declaraciones del canciller Andrés Navarro que expresan claramente que el país nada tiene que hablar con Haití mientras sus autoridades, encabezadas por el presidente Michel Martelly, insistan en sus mentiras e insultos.
Que quede claro que República Dominicana actúa con apego a la Ley y al respeto a sus instituciones.
