La nueva meta social que se está gestando para que al sector Salud se le asigne un presupuesto anual equivalente al 5% del PIB, tiene serias dificultades de materializarse sin una reforma integral del modelo presupuestal.Por la magnitud de los recursos que se necesitan para ejecutar esa asignación extraordinaria, ni siquiera una reforma tributaria simple sería suficiente. Ninguna de las reformas que se han hecho en el país en las dos últimas décadas ha aportado más de un 2% del PIB.
Entendidos consideran que sin una reforma financiera del Estado que incluya liberación de gastos, el aumento de la asignación a Educación al equivalente al 5% del PIB sería difícil de aplicar, sin alterar la sostenibilidad fiscal, que ha sido un objetivo de las autoridades fiscales, forzadas por el elevado déficit del año 2012, de casi un 8% del PIB, el cual se convirtió en el pie forzado con que iniciaron su gestión.
El requerimiento absorbería una tercera parte de los ingresos fiscales de un año, tomando como referencia el volumen actual. De hecho, dotar al sector salud de una asignación equivalente al 5% de la producción nacional de un año implicaría incrementar un 150% al monto del presupuesto actual. En el presupuesto del 2015 al sector Salud se le asignaron RD$62,848.5 millones, equivalente a un 2% del PIB.
El presupuesto general de la nación, por la gran cantidad de leyes que le fijan porcentajes de su monto o del PIB, está comprometido en aproximadamente un 70% de su cuantía, si se cumplieran taxativamente todas las disposiciones.
Agregarle por ley otro compromiso como el que se reclama para Salud sería condicionar más de la mitad del presupuesto sólo en dos sectores. A Educación se le asigna un monto equivalente al 4% del PIB por lo que si se aprueba el 5% para Salud, entre ambos tendrían una asignación equivalente al 9% del PIB, que sería aproximadamente la mitad del presupuesto, tomando como referencia el que se ejecuta actualmente.
Los ingresos fiscales, incluyendo donaciones previstos para el presupuesto del 2015 en ejecución, fueron estimados en RD$455,433.4 millones equivalente a 15.1% del PIB.
Pero el nivel de gasto contemplado es de RD$529,316.1 millones equivalente al 17.5% del PIB. Esa proporción es inferior en 0.6% del PIB a la del año anterior, el 2014, cuando el nivel de gasto representó el 18.1%.
La diferencia de ponderación de ingresos y gastos respecto al PIB está explicada por el déficit fiscal con que ha operado el presupuesto durante los últimos años, con el porcentaje tope en el 2012, y reducido a menos del 3% en los siguientes años.
Pero asignarle un 5% del PIB al sector Salud -que incluye el segmento agua potable- sin variar la actual estructura presupuestaria de gastos y con los mismos ingresos, no tiene a la vista fórmula de sustentación.
La disyuntiva surge por la inflexibilidad que tantas leyes especiales le han imprimido al presupuesto y la dificultad para crear nuevos impuestos por las constantes reformas que se han hecho al sistema tributario, la última de la cual, con casi tres años de aprobada, todavía no ha sido aplicada completamente, por la progresividad con que se aprobaron algunos gravámenes.
El sector Salud es tan importante como la Educación, en términos sociales.
Las posibles alternativas tienen inconvenientes
Plantear una reforma tributaria, con tramos de la del 2012 todavía pendientes (como completar el 16% de ITBIS para productos básicos como azúcar, grasas comestibles, café, yogur, entre otros, y el 1% a la placa en base al valor de los vehículos), resultaría difícil de concitar apoyo, más cuando el sector empresarial ha estado exigiendo que se utilice el todavía sin convocar Pacto Fiscal para consensuar una reforma fiscal integral, que abarque gastos e ingresos.
Una reforma de esa naturaleza tocaría la Ley General de Presupuesto y leyes de incentivos fiscales, para ajustar el llamado gasto tributario, que es el conjunto de exenciones y exoneraciones de impuestos que el fisco concede y que representan, según cálculos del Ministerio de Hacienda, más del 6% del PIB.
El mayor factor de rigidez lo aporta el paquete de 25 leyes que absorben el 67% del presupuesto, que incluye además del 4% del PIB establecido por la Ley General de Educación, las que asignan el 10% de los ingresos a los ayuntamientos, el 5% a la UASD, el 1% al Ministerio de la Juventud, el 2% al Consejo Nacional de la Niñez. Igual, la JCE y los partidos políticos tienen cuotas.
