“Mano dura”, “Darle pa’bajo”, “Delincuencia cero”; son expresiones dejadas atrás que definieron políticas públicas contra la violencia y la delincuencia en Latinoamérica. Nuestro flamante Jefe de la PN se devuelve y habla de “mano dura”.
Hoy se diferencia violencia y delincuencia, porque una y otra se refieren a características y actores distintos. La violencia es la que se produce en el seno de la sociedad entre ciudadanos, incubada por conflictos mal manejados y peor regulados; por ejemplo, riñas, feminicidios, etc. En cambio, la delincuencia produce hechos propios del delito, como robos, secuestros, asaltos. En los tribunales se juzga por la tipificación jurídica del delito y la condena la establece la ley sin diferenciar. Para las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, se caracteriza del hecho y los actores, porque no es igual un asesinato para robar que otro asesinato pasional o accidental.
Si en las calles se roban celulares es porque hay una cadena operativa como negocio que debe ser desentrañada, prevenida y atacada porque es una actuación de delincuentes. Pero las riñas entre ciudadanos, ¿pueden tratarse como si fueran delincuentes? O los saqueos a establecimientos comerciales en protestas políticas, sociales o raciales ¿ tienen el mismo trato que cuando lo hacen las pandillas?
“Mano dura” y “Dar pa’bajo” es desconocer esas diferencias y creer que todo es delincuencia. Una conducta policial así autorizada mata inocentes, y permite operar a las bandas criminales que, subrepticiamente, lo hacen desde los mismos cuerpos armados del Estado. Entre Estados Unidos y Méjico se firmó el Plan Mérida en 2008, aportando el primero mil 600 millones de dólares en tres años, para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la violencia. Efectivamente, se prepararon para una guerra regular contra los carteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana, Del Golfo, Los Zetas y otros. Con helicópteros Bell 412, ocho helicópteros de transporte UH-60 Black Hawk, cuatro aviones CASA 235 Persuader, entrenamientos en personal de mantenimiento, planificación y ejecución de operaciones.
El primer aporte fue de 400 millones de dólares y cada año una suma similar. Se aprobaron unos 38 millones destinados a Centroamérica y de ellos cinco millones para Haití y República Dominicana (hubo un momento que los 2.5 millones al país nos negamos a recibirlos).
Se prepararon para una guerra convencional, pero es un error combatir el crimen organizado y el narcotráfico con métodos a utilizar desconociendo que se trata de una guerra irregular.
En una guerra regular o convencional se enfrentan formalmente ejércitos; pero esta era una guerra irregular donde se asume la informalidad y necesidades de la población del lugar donde se va a operar; las características, clima, topografía, cultivos, pobreza, etc. Como el Gobierno es el que actúa, debe cumplir con sus obligaciones de Estado atendiendo los derechos fundamentales de esos habitantes, porque de lo contrario lo hace el crimen organizado.
Nadie duda que a siete años de iniciado el Plan Mérida en Méjico, existe una gran inseguridad ciudadana. Se estima que en esa guerra al estilo norteamericano han sido ejecutados más de 60 mil personas. En Méjico fracasó el método de USAID y el Pentágono; obvio, se manejó como un tema militar. En nuestro país, este gobierno, dejó a un lado lo que tenía reconocimiento hasta por organismos internacionales y conocedores del tema. Penosamente, nos devolvimos 10 años.
