El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su apoyo a la resolución del Consejo del Poder Judicial que establece la obligatoriedad de la fuerza pública para ejecutar embargos y desalojos.El Conep destacó que esta resolución es positiva, puesto que establece una metodología clara en cuanto a la ejecución de sentencias que dictan órdenes de embargo, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos.
Entiende que con dicha medida se disminuirá la posibilidad de actos vandálicos al momento de ejecutar sentencias y sirve como un instrumento jurídico que le dará continuidad a los mandatos emanados por los estamentos judiciales.
Esta resolución tiene carácter transitorio hasta que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sancionen la ley que corresponde, según ordena el Tribunal Constitucional. El Conep se mantendrá vigilante a este proyecto, como forma de reafirmar su compromiso de propulsar la consolidación de la seguridad jurídica y de la institucionalidad de los poderes públicos.
El órgano del Poder Judicial tomó su decisión basado en lo que establece la Constitución en su artículo 149.1, y el artículo 26, numeral 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como una sentencia del TC.
