La denominada sociedad civil encontró un hueco para hacerse sentir en la creación de las llamadas comisiones de veeduría en diferentes instituciones gubernamentales, integradas casi siempre, y en forma muy equitativa, con reconocidos comunicadores, empresarios mediáticamente activos, representantes de las iglesias y congregaciones religiosas y, en ocasiones, uno que otro dirigentes comunitarios. El trabajo de los comisionados, en realidad, constituye una especie de fiscalización en procura de que se respeten normas y procedimientos de transparencia en las operaciones de las entidades sometidas a la veeduría. Aparenta y viene a ser que hay funcionarios para quienes la veeduría es un incordio, que no los deja trabajar, que es un obstáculo para actuar a sus anchas, más bien un estorbo. Pero otros, en cambio, interesados en mantener una hoja de servicio limpia y diáfana, van más allá de lo que establecen las normas y han dado a los veedores comisionados funciones que no están contempladas en el mandato que les dio vida. Sin embargo, ahora toman resonancia los veedores porque 5 miembros de una de las comisiones creadas con esos fines han renunciado públicamente alegando que en la institución donde deberían operar “no nos están tomando en serio”, lo que en modo alguno quiere decir que todas las veedurías son malas, o que no funcionan. Quizás si, quizás no…
¿Será verdad?
Hay requisitos de ley para que la Junta Central Electoral reconozca como partido político a cualquier agrupación de ciudadanos con vocación de poder, siendo indispensable la presencia en toda la geografía nacional, ya con locales, ya con dirigentes. No obstante, me llega el reporte de que encuestadoras que realizan trabajo de campo en el interior del país se han encontrado con la situación de “partidos”, algunos que se dicen de primer orden, que no tienen locales ni dirigencia –y mucho menos candidatos- en muchísimos municipios. ¿Y entonces…?
